El concreto, este movimiento del ministro llega después de que en agosto, el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ archivara sus quejas contra el juez Peinado, por lo que solicitó disponer de todo el expediente “para poder impugnar fundadamente” esa decisión. Una petición que le fue denegada.

Así lo adelantó este viernes 'El País' y han confirmado fuentes de su departamento, que señalan que Bolaños tuvo que presentar el recurso de alzada “sin elementos de juicio imprescindibles para su defensa”. Entre ellos, la fecha en la que el CGPJ comunicó a Peinado la denuncia presentada por el ministro o la información sobre la investigación que realizó el CGPJ sobre las filtraciones denunciadas.

Sobre el primer punto, Justicia explica que es “relevante” para esclarecer si, cuando elevó la exposición razonada, Peinado “conocía que el ministro le había denunciado”. Y es que el ministro considera que podría deducirse que el conocimiento de las quejas presentadas contra el juez influyó en su decisión de pedir al Supremo la imputación del ministro.

Sobre la investigación, señala que también es “relevante” ante el “gran número de filtraciones” en la causa de la mujer del presidente del Gobierno, incidiendo en que “es imprescindible saber si el CGPJ llevó a cabo una actividad investigadora suficiente para esclarecer los hechos y determinar o, en su caso, descartar la responsabilidad del juez Peinado en una posible revelación de secretos”.

Así, Bolaños `plantea en sus recurso que estos datos resultan “esenciales” para el “ejercicio de su derecho de defensa”, subrayando que al denegarle el acceso a ellos se le ha provocado “una indefensión real y efectiva”.

Además, traslada al CGPJ su “desconcierto” por “los tiempos con los que se ha tramitado su denuncia inicial y su posterior recurso”. En su escrito, el ministro pone de relieve que, “durante 427 días”, un expediente referido a “hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso”, sin que los vocales del grupo conservador de la Comisión Permanente, “abandonados a la molicie”, considerasen “necesario imprimirle la menor urgencia”. Y añade que, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia”.

Así, considera que la conclusión que “desgraciadamente” se desprende es que durante meses “se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él”. “Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia”, remarca para puntualizar que, se trata de una “apariencia particularmente dañina”, pues “alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial”.

De este modo, hace hincapié en que con este recurso busca conseguir lo que hasta la fecha el CGPJ le ha negado: “El acceso al expediente completo para poder ejercitar las acciones legales que me corresponden”.

“La eventual negativa a este derecho de acceso a la documentación, legalmente reconocido, solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado”, zanja en su escrito.