En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, el titular de Justicia consideró que "cualquier parecido" entre esta cifra y la ofrecida por las asociaciones judiciales y fiscales "es pura coincidencia". Estos colectivos hablaron este martes de un seguimiento del 75% de estos funcionarios.

Bolaños cuestionó incluso los motivos alegados para la huelga y señaló que los datos que maneja el ministerio "son muy diferentes" a los expuestos por los convocantes de los paros.

El ministro precisó que el seguimiento se situó "en torno al 28%, al 28,75% en concreto", una cifra que requiere "una reflexión algo más profunda" sobre diversos aspectos de la protesta.

DUDAS SOBRE LA LEGALIDAD

El titular de Justicia puso en duda la base legal de la huelga, recordando que "el propio Consejo General del Poder Judicial ha dicho que no tiene base legal", aunque manifestó su respeto por las movilizaciones.

Explicó que el derecho a huelga conlleva "el derecho a parar" pero también "el deber de no cobrar ese día de trabajo", para lo cual es necesario comunicar al ministerio quiénes ejercen ese derecho.

Bolaños reveló que hasta el momento "el número de personas que se nos ha comunicado y que por tanto les deduciremos el día de salario ha sido exactamente de cero".

Añadió que "ni el comité de huelga está en huelga" porque no han notificado quiénes son las personas que han secundado el paro para aplicar la correspondiente deducción salarial.

REFORMAS IMPRESCINDIBLES

El ministro defendió las reformas en la Justicia como "absolutamente imprescindibles" y negó que afecten al Estado de derecho, como alegan las asociaciones convocantes.

Señaló que cuando se han reunido con las asociaciones para hablar del proyecto, "tampoco ponen ahí el acento" en el contenido, sino que "se van a la mayor" con argumentos que no concretan.

Bolaños destacó medidas como el blindaje de becas para acceder a la carrera judicial y fiscal independientemente de la renta familiar, así como la creación de centros públicos de oposiciones.

Subrayó que la reforma permitirá incorporar "casi 1.500 jueces y fiscales en tres años" y mejorar la promoción profesional en ámbitos como los juzgados mercantiles y de violencia sobre la mujer.