Bolaños, que afirmó que la relación entre el TC y el Gobierno es “muy positiva”, destacó la renovación con normalidad en enero de este órgano, pero pidió “un gesto de autoridad” al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para renovar por completo el Poder Judicial y designar también al miembro del TC que queda pendiente.

Así respondió el ministro después de que la Fiscalía haya pedido siete años de cárcel para el diputado republicano Josep Maria Jové, y otros seis años y tres meses de prisión, además de 27 de inhabitación, para el actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.

El ministerio público atribuye a los dos hombres de confianza de Oriol Junqueras un delito de malversación agravada, en lugar del tipo atenuado que incluyó el Gobierno en el Código Penal.

Bolaños se aferró a mostrar el “total respeto” del Ejecutivo a la Fiscalía y a los órganos judiciales en las investigaciones que se han producido y se siguen produciendo.

Pero añadió que “este nuevo escrito es una prueba más de lo que desde el Gobierno siempre” mantuvo tras la reciente reforma del Código Penal de que “los hechos de 2017 eran delitos y siguen siendo en 2023”.