“Claro que para muchas víctimas ha llegado tarde, hablamos de abusos que se produjeron hace décadas”, reconoció Bolaños en una rueda de prensa tras firmar un acuerdo en Madrid con los presidentes de la Conferencia Episcopal y la de Religiosos para reparar a víctimas que queden fuera del recorrido judicial.

“Con este acuerdo van a poder tener el derecho a una reparación justa y adecuada. Puede que el Estado haya llegado tarde, pero ahora podrán iniciar acciones. Ayer no tenían nada”, detalló el responsable de Justicia que cifró en “centenares” el número de afectados por los abusos eclesiales y que muchos de ellos no han querido acudir a los cauces de denuncia impulsados por la Iglesia por no tener “demasiada confianza” en esas herramientas.

La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales (Priva) impulsada por la Iglesia católica, indicó este jueves que desde su puesta en marcha hace 16 meses ha recibido 114 formularios, de los que ha resuelto 61 y está estudiando otros 8. Del total de informes, 30 son del ámbito de las diócesis y 80 referidos a abusos en órdenes religiosas. Con ello la cuantía total propuesta de indemnizaciones asciende a 1.858.420 millones de euros (854.000 corresponden a indemnizaciones de casos diocesanos y 1.004.420 a indemnizaciones de casos de instituciones religiosas).

El acuerdo, después de dos años de negociación, se rubricó este miércoles por parte del ministro, el presidente de la CEE Luis Argüello, y el de la Confer, Jesús Díaz Sariego, y se basa en impulsar otro acuerdo en el plazo de un mes para abrir "una vía" a través del Defensor del Pueblo para la reparación de aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión Priva.

NI UN CÉNTIMO

El ministro presumió de que el acuerdo implica que “todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia católica, el Estado no abonará ni un céntimo”, mientras que el arzobispo Argüello remarcó que el Ejecutivo se habría comprometido a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública, en cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia.

El acuerdo entre Iglesia y Gobierno fija mecanismos para asegurar la reparación a las víctimas en caso de desacuerdo, y tendrá que ser el Defensor del Pueblo, en última instancia, el que lo decida.

Así, este sistema "acordado" de "reconocimiento y reparación", tendrá el "criterio técnico" de la Oficina del Defensor del Pueblo, la "evaluación" de la Comisión del Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales (Priva), el "consenso Iglesia Católica-Estado" y la "participación" de las víctimas, explicó la CEE en un comunicado.

Además, para este acuerdo el Gobierno habría aceptado que, con carácter retroactivo, las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta, tras haberse dado situaciones de víctimas indemnizadas a las que la Agencia Tributaria les ha reclamado el pago de impuestos después de recibir las indemnizaciones, lo que para ellas supone una revictimización y que no ocurre en ámbitos como las víctimas del terrorismo.

OTROS ÁMBITOS

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, hizo entrega en octubre de 2023 en el Congreso el informe que le había solicitado el Parlamento sobre la investigación que hizo su oficina sobre los abusos sexuales en la Iglesia. El informe contempló varias metodologías y fuentes, entre las que se encontraba una encuesta realizada por GAD3 para la institución Defensor del Pueblo.

Esa encuesta mostraba que el 11,7% de las personas entrevistadas afirmaban haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifestó que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. La encuesta también concluyó que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13 % que la agresión se registró en el ámbito religioso.

Esos datos, que entonces el propio Gabilondo recomendó no extrapolar según el número total de la población española, arrojó el cálculo de que la Iglesia tendría en España unas 400.000 victimas de abusos, estimación que hoy quedó reducida por el propio Bolaños a “centenares”.

Bolaños, que según ha podido saber Servimedia este viernes explicará los detalles el acuerdo en una reunión con asociaciones de víctimas en La Moncloa, agradeció la mediación del Vaticano y de la Santa Sede para la consecución de un acuerdo que su departamento calificó de “histórico”. “Después de décadas de silencio y encubrimiento, después de encontrarse con un muro, hoy podemos decir que la democracia española cumple con las víctimas de abusos”, destacó.

El presidente de la CEE matizó que el trabajo que viene haciendo la Iglesia por la reparación de las víctimas responde a su “responsabilidad” y que desde esa experiencia han tenido “conocimiento ancho de la situación que se producen en otros ámbitos”.

Díaz Sariego se planteó "qué institución en nuestro país asume delitos que ya están prescritos". "Es una pregunta que lanzo a la sociedad en su conjunto. La Iglesia ha ido asumiendo esta responsabilidad", dijo, en referencia a la labor de prevención y formación contra los abusos a menores que se está haciendo, por ejemplo, en los colegios católicos.

“Es una cuestión llamativa que para el Gobierno de España los puntos de interés han estado focalizados en este asunto y en otro”, continuó, posiblemente en referencia a la resignificación del ahora denominado Valle de Cuelgamuros. “Muchas víctimas de abusos de otros ámbitos también son bautizados”, sentenció, en alusión al mundo deportivo, educativo y del resto de la sociedad, y que “todos los estudios” apuntan a la familia como el entorno donde más abusos a menores se dan. “El motivo de esta fijación no sé cuál podría ser, pero puedo imaginármelo”, aseveró.