En declaraciones a Servimedia,Mario Rodríguez denunció que el Ejecutivo ha tardado "demasiado tiempo" en poner en marcha los mecanismos legales para este proceso, si bien aseguró que todavía tienen esperanzas en que se obtengan resultados.

"Es necesario que el Gobierno ponga los recursos económicos y humanos suficientes para sortear los obstáculos legales que pueda haber en este proceso y conseguir que se pague la multa, que imagino que todavía tardará mucho tiempo en resolverse", explicó Rodríguez.

Este dirigente de Greenpeae aseguró que "entraba dentro de lo esperable que Boliden no quisiera hacerse cargo de la multa", pero lo que también debe ser esperable es la "habilidad del Gobierno para llevar a buen puerto este caso".

El responsable de campañas de Greenpeace dijo que, pese a ser "una multa de una cuantía considerablemente elevada", no se cubre, ni siquiera, lo que ya se ha invertido para restaurar la zona.

A su juicio, esta multa tiene un significado "ejemplarizante" que debe servir para demostrar que la impuidad contra los delitos ecológicos no puede tolerarse.

En relación con la multa de 85 millones que pide la Junta de Andalucía, Rodríguez reiteró que "también llega tarde". No obstante, dijo que sería muy positivo que la administración central y la andaluza coordinasen sus esfuerzos.