Borrell, que respondía así a una pregunta del senador del Grupo Poular, Rafael Hernando, sobre las medidas que el Gobierno prevé adoptar para resolver estos problemas, dijo que "el principal obstáculo a la materialización del Plan es la oposición ciudadana" a la construcción de plantas de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos.

No obstante, el ministro de Obras Públicas precisó que las competencias sobre control, vigilancia, inspección, sanción, autorización y gestión de la misión de residuos pertenecen en su totalidad a las comunidades autónomas e instó a ests administraciones a que pongan los medios necesarios para que se cumpla con rigor la normativa en esta materia, ya que hasta ahora las comunidades autónomas no habían hecho, a su juicio, el suficiente esfuerzo para lograrlo.

Según Borrell, es necesaria una campaña "para convencer a los ciudadanos de que las plantas de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos no producen residuos ni tóxicos ni peligrosos".

El ministro recriminó al senador del PP su "política demagógica al denunciar en esta cáara el incumplimiento del Plan de Residuos, mientras miembros de su partido se oponen a la construcciónde plantas de tratamiento en zonas como la bahía de Cádiz o Almadén (Ciudad Real").

Por otro lado, y en respuesta a una pregunta del senador del PP José Antonio Sacristán acerca del presunto incumplimiento del Convenio de París suscrito por España sobre vertidos al mar, el responsable de Obras Públicas y Transportes se remitió de nuevo a las competencias que sobre el tema tienen las comunidades autnomas.

El convenio de París no establece, según Borrell, obligaciones taxativas jurídicamente vinculantes sobre vertidos y, además, sólo se refiere al depósito de desechos en el océano Atlántico y no en el mar Mediterráneo.

A pesar de estas apreciaciones, el ministro coincidió con Sacristán en que "la situación del medio ambiente en España no es satisfactoria" y en que hay que seguir extremando la vigilancia y el control de los vertidos.