Según los datos del INE, 728.100 personas con discapacidad estuvieron en alta laboral al menos una vez durante el año, cifra que marca un récord histórico. Sin embargo, el porcentaje de personas con discapacidad que tuvieron alguna alta laboral fue del 21,8%, en comparación con el 63,7% de las personas sin discapacidad.

Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo de la Fundación ONCE, manifestó que "la inclusión laboral de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de derechos o justicia social, sino también de competitividad y de aprovechamiento del talento que nuestra sociedad no puede permitirse desaprovechar". Este planteamiento subraya la importancia de integrar a este colectivo en el mercado laboral.

La nota de prensa destaca que el 54,0% de las altas laborales de personas con discapacidad se mantuvieron durante todo el año. Además, el 10,1% de las personas con discapacidad que trabajaron lo hicieron por cuenta propia. Estos datos reflejan un avance en la estabilidad laboral, aunque la duración de muchas relaciones laborales sigue siendo corta.

AVANCES Y DESAFÍOS

Desde 2016, el número de personas con discapacidad en alta laboral ha aumentado un 32,6%, alcanzando el valor más elevado de la serie histórica en 2024. Sin embargo, la participación laboral del colectivo sigue siendo reducida, ya que solo el 21,8% de las personas con discapacidad con alguna relación con la Seguridad Social estuvo en alta laboral durante el año.

Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid concentraron más del 47% de las personas con discapacidad en alta laboral. A pesar de los avances, la representación en alta laboral sobre el conjunto de la población apenas alcanzó el 3% en 2024, mostrando un crecimiento limitado desde 2016.

El informe también detalla que las personas con discapacidad acumularon 1.217.600 afiliaciones laborales en 2024, con una media de 1,67 afiliaciones por trabajador. Este valor es inferior al observado entre las personas sin discapacidad, cuya media fue de 1,98 afiliaciones.

RETOS DE INCLUSIÓN

La mayoría de las personas con discapacidad trabajaron en el Régimen General de la Seguridad Social (93,1%), porcentaje ligeramente superior al de las personas sin discapacidad. Las afiliaciones a contratos indefinidos representaron el 44,0% del total, similar al 43,5% de las personas sin discapacidad.

La movilidad laboral fue limitada, ya que el 82,0% de las personas con discapacidad trabajaron para una única empresa durante el año. Además, el 73,1% tuvo una única afiliación, frente al 67,4% de las personas sin discapacidad, lo que indica una menor movilidad en el mercado laboral.

En términos de estabilidad, el 54,0% de las altas laborales se mantuvieron durante todo el año, pero el 42,9% tuvieron una duración inferior al año y el 5,1% no alcanzaron un mes. Estos resultados subrayan la necesidad de mejorar la estabilidad laboral para las personas con discapacidad.

El informe concluye que, aunque la estabilidad laboral de una parte del colectivo es elevada, continúa existiendo una proporción significativa de relaciones laborales de corta duración. La Fundación ONCE enfatiza la responsabilidad colectiva de asegurar que los cambios en el mercado laboral amplíen oportunidades en lugar de generar nuevas exclusiones.

COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

A este respecto, Lobato añadió que “nunca tantas personas con discapacidad habían trabajado en nuestro país”, aunque advirtió de que la diferencia en el acceso al empleo respecto al resto de la población sigue siendo “inaceptablemente elevada”.

Lobato enmarcó estos resultados en un contexto de “incertidumbre” y de transformación tecnológica impulsada por el avance de la inteligencia artificial. En este sentido, subrayó que existe una “responsabilidad colectiva” para garantizar que los cambios que se están produciendo en el mercado laboral se traduzcan en más oportunidades para las personas con discapacidad y no en la aparición de nuevas formas de exclusión.

Asimismo, defendió que la inclusión laboral de las personas con discapacidad “no es solo una cuestión de derechos o justicia social”, sino también un factor ligado a la competitividad económica. En su opinión, favorecer el acceso al empleo de este colectivo supone aprovechar un talento que la sociedad “no puede permitirse desaprovechar”.