Estas ayudas, financiadas íntegramente con los fondos europeos de recuperación, se engloban en el denominado plan ‘Unico 5G Activas’, y van destinadas a financiar el despliegue que tienen que hacer las telecos, que estaban a la espera de que el Ejecutivo comunitario diera luz verde a este régimen de ayudas estatales.

La Comisión ha dictaminado que el régimen de ayudas “es necesario y proporcionado para subsanar una deficiencia del mercado” como es la ausencia actual de redes de comunicaciones móviles de alto rendimiento en regiones remotas y escasamente pobladas de España, según señala en un comunicado.

Asimismo, Bruselas entiende que el régimen "tiene un efecto incentivador, ya que facilita el despliegue de equipos e infraestructuras que los operadores privados no han desplegado ni van a desplegar, debido principalmente a su elevado coste, que no se compensa con los ingresos previstos, y también mejorará la disponibilidad de servicios autónomos de tecnología 5G innovadores y eficaces en las zonas a las que se destinan, lo que beneficiará a los consumidores, las empresas y el sector público, y contribuirá así a subsanar las desigualdades sociales o regionales".

“El régimen cuenta con salvaguardias suficientes para garantizar que los falseamientos indebidos de la competencia sean limitados y que las ayudas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común. En particular, los beneficiarios del régimen se escogerán mediante un procedimiento de selección competitivo abierto, transparente y no discriminatorio. Además, España promoverá la reutilización de las infraestructuras existentes”, añade la nota.

Por último, Bruselas sostiene que el régimen de ayudas fomenta la competencia al garantizar un acceso mayorista justo, abierto y no discriminatorio a las redes objeto de las ayudas.

"ALTA CALIDAD"

Las ayudas servirán para financiar la instalación de equipos e infraestructuras para el despliegue de redes autónomas 5G y la prestación de servicios autónomos de banda ancha móvil 5G, con velocidades de carga y descarga de al menos 100 Mbps y 5 Mbps, respectivamente. En las zonas españolas en cuestión la población es inferior a 10.000 habitantes y no hay inversiones actuales o previstas en redes 4G que ofrezcan velocidades de descarga de al menos 50 Mbps.

En virtud del régimen, las ayudas pueden concederse hasta el 31 de diciembre de 2025 y las redes móviles 5G deberán entrar en funcionamiento como muy tarde en febrero de 2026. Las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas a los operadores de comunicaciones electrónicas.

Los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. El importe máximo de la ayuda por beneficiario equivaldrá al 90% de los costes subvencionables.

La vicepresidenta de la Comisión responsable de competencia, Margrethe Vestager, dijo este jueves que “este régimen español de 680 millones de euros, financiado íntegramente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, apoyará la prestación de servicios móviles 5G de alto rendimiento en zonas insuficientemente atendidas en España”.

“Esto ayudará a los consumidores y las empresas de las zonas rurales a acceder a servicios de tecnología 5G de alta calidad, lo que contribuirá al crecimiento económico de España y a la consecución de los objetivos estratégicos de la UE en relación con la transición digital, protegiendo al mismo tiempo la igualdad de condiciones en el mercado único”, agregó Vestager.