ATA recordó que interpuso en enero una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al la exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas, conocido como ‘Iva franquiciado’.

En concreto, se presentó una denuncia por el incumplimiento de la Directiva Europea 2020/285 del Consejo, de 18 de febrero de 2020, por la que se modifican los artículos 281 a 294 de la Directiva 2006/112/CE, vulnerando con ello los principios de efectividad, no discriminación, proporcionalidad, seguridad jurídica, competencia leal y libertad de establecimiento del Derecho de la Unión Europea.

El plazo para realizar los pasos necesarios para la transposición concluyó el 31 de diciembre de 2024 y España aún no ha notificado esta medida al Ejecutivo comunitario.

La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes, por lo que va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a solicitar que se le impongan sanciones financieras.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, celebró esta decisión y avisó de que “a fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa para transponer la Directiva Europea 2020/285”.

“Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros. La falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos de control y registro adaptados a la hora de aplicar, repercutir y liquidar el IVA son dos de los obstáculos principales que llevan a los autónomos a vivir con una inseguridad legislativa que se ha instalado en nuestro día a día. Son trabas y más trabas", agregó el también vicepresidente de la CEOE.

Por su parte, UPTA señaló que la implantación de este sistema fue negociada durante meses en la mesa de diálogo entre la Agencia Tributaria y las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos, en un proceso técnico orientado a incorporar al sistema fiscal español un mecanismo que ya funciona en numerosos países europeos y cuyo objetivo es simplificar la gestión administrativa de los pequeños negocios y reducir cargas innecesarias.

Según estimaciones del sector, más de un millón de autónomos en España podrían beneficiarse de este régimen simplificado del IVA, lo que supondría un importante alivio administrativo para los profesionales con menor volumen de facturación. “Para muchos trabajadores por cuenta propia, especialmente los de menor dimensión, el cumplimiento de las obligaciones tributarias supone actualmente un esfuerzo desproporcionado en tiempo, costes y recursos”, denunció UPTA.

La organización recordó, además, que la implantación del IVA de franquicia forma parte de las reformas que el colectivo de autónomos lleva años reclamando para lograr un “marco fiscal más sencillo, estable y adaptado a la realidad del trabajo autónomo”.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, señaló que “el IVA de franquicia no es un capricho ni una medida menor. Es una necesidad para miles de autónomos que llevan años reclamando una fiscalidad más sencilla y adaptada a la realidad de los pequeños negocios, y el Ministerio de Hacienda se equivocó al no ponerlo en marcha cuando ya estaba acordado con las organizaciones representativas del colectivo”.

“No reformar el entorno fiscal de los autónomos es, en la práctica, dar la espalda al colectivo. El Gobierno debe retomar este compromiso, cumplir con Europa y, sobre todo, cumplir con los autónomos, porque simplificar la fiscalidad es una condición imprescindible para que miles de pequeños negocios puedan seguir adelante”, concluyó Abad.