Según esta Directiva, los Estados miembro deben proponer lugares de importancia comunitaria (LIC) de la Unión Europea, que luego se añaden a las listas biogeográficas de la UE.

En un plazo de seis años a partir de esa inclusión, los países deben designar los LIC como áreas especiales de conservación (ZEC), establecer objetivos de conservación y medidas para mantener o restaurar las especies y hábitats protegidos presentes en los sitios con el fin de alcanzar un estado de conservación favorable en el ámbito biogeográfico nacional. Estos son requisitos clave para proteger la biodiversidad en toda la UE.

El Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad para 2030 indican que es crucial que la UE detenga la pérdida de biodiversidad protegiéndola y restableciéndola.

Según la Comisión Europea, España no ha propuesto ni transmitido una lista exhaustiva de LIC porque el número, el tamaño y la ubicación de esos espacios propuestos y las especies y hábitats protegidos en ellos no son suficientes.

España dispone de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por el Ejecutivo comunitario. Si la respuesta no es satisfactoria, la Comisión Europea podrá emitir un dictamen motivado como penúltimo paso en el procedimiento de infracción. El último sería llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.