Esa norma exige que los Estados miembro de la UE presenten informes de aplicación al Ejecutivo comunitario cada seis años en un formato acordado.

Esos informes proporcionan una evaluación del estado de conservación de los hábitats y las especies cubiertos por la Directiva de hábitats, basándose en el estado y las tendencias de las poblaciones y los hábitats, así como en las principales presiones y amenazas que les afectan.

Los informes también incluyen información sobre las medidas de conservación adoptadas para ellos y la contribución de la red Natura 2000 a los objetivos de conservación establecidos en las directivas.

España no presentó el informe de aplicación de la Directiva de Hábitats correspondiente al ciclo 2019-2024. La fecha límite hacerlo fue el 31 de julio de 2025.

Por consiguiente, la Comisión Europea envió una carta de emplazamiento a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar la deficiencia señalada por el Ejecutivo comunitario. De no recibir una respuesta satisfactoria, este podría emitir un dictamen motivado.