Durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio celebrada hoy en el Senado, Bustelo intentó quitar hierro a la polémica suscitada tras el anuncio del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, del traslado de la sede de la CMT desde Madrid a la capital catalana.

"Espero que se baje el 'soufflé' en esta materia" -dijo Bustelo con tono irónico- "ya que la CMT tiene un compromiso con Bruselas de mandar antes del próximo mes de agosto un análisis del mercado de las telecomunicaciones y espero que a pesar de estos problemas pronto logremos tener un regulador funcionando en Barcelona".

PLANTILLA "DE PIEDRA"

Por lo que se refiere a la plantilla, admitió que los trabajadores del organismo "se quedaron de piedra cuando vieron a Maragall en las escalerillas de La Moncloa anunciando el cambio", porque "son casi todos personas jóvenes que tienen su vida profesional y personal establecida en la capital".

En este sentido, explicó que la idiosincrasia del propio organismo "hace muy difícil la contratación de personal", ya que el mercado laboral "no ofrece puestos de reguladores y hay que buscar abogados, economistas e ingenieros "para formarlos".

Asimismo, afirmó que la edad media de la plantilla de la CMT se sitúa entre los 35 y 40 años y "se trata en su mayoría de familias que tienen dos sueldos y una hipoteca", por lo que "plantear un traslado genera indudablemente para ellos incertidumbre"

"Yo no tengo problema alguno porque me encanta Barcelona, tengo familia allí y he estado trabajando seis años en la región, pero ¿cómo se quedarían ustedes si el alcalde de La Coruña sale un día de ver al presidente del Gobierno y dice que el Senado se traslada a esta localidad gallega?", indicó Bustelo entre las sonrisas de los senadores.

ANTES DE 2006

En cuanto a la celeridad del traslado, el presidente de la CMT recordó que el Gobierno ha dado de plazo al regulador hasta el cierre de 2005 para completar el proceso y mostró su preocupación porque las obligaciones del organismo aumentan las dificultades para cambiar de ciudad.

"El Gobierno tiene derecho a tomar este tipo de decisiones, pero este no es un ente como cualquier otro en el que no pasa nada porque se pare la actividad durante tres meses, no podemos detendernos ni una sola semana", concluyó el presidente del organismo supervisor.