Así lo precisó en declaraciones a los medios de comunicación previas a su reunión con representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y de la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales), en las que agregó que la postura del regidor madrileño también “perpetúa” un modelo que, a su juicio, “está cercenando el derecho a la vivienda” de los vecinos de la capital y pidió “tolerancia cero con las prácticas abusivas y con los pisos turísticos ilegales en España”.

Bustinduy subrayó que el de este jueves es “un día importante”, dado que entra en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que permitirá a las comunidades de vecinos “defenderse” ante las viviendas de uso turístico, y que considera “una victoria del movimiento vecinal frente al modelo de la especulación y de los pisos turísticos”.

En este contexto, denunció la “contraposición” y el “choque de intereses” que existe entre los “intereses de las mayorías trabajadoras”, que, a su entender, “ven cercenado su derecho a la vivienda” y “poderosísimos intereses económicos”, convencido de que “solo la organización y la movilización social” puede ayudar a “revertir” un modelo basado en la “especulación y persecución de un beneficio, de un lucro obsceno a costa del derecho de las familias en España a tener una vivienda digna”.

En este sentido, hizo hincapié en que hace un año el movimiento vecinal denunció la existencia de 10.000 pisos turísticos ilegales “y el Ayuntamiento no hizo nada”. “Ahora hay más de 15.000 y la respuesta del señor Almeida ha sido decir que no piensa hacer nada y poner una serie de excusas”, lamentó, al tiempo que quiso “reiterar” su “ofrecimiento y disposición” a reunirse y “explicarle cómo puede hacer para acabar con los pisos turísticos ilegales”, convencido de que “es algo que se puede hacer”.

BARCELONA

A este respecto, puso como ejemplo al Ayuntamiento de Barcelona en la época de Ada Colau, si bien recalcó que, “a lo largo y ancho del país”, hay instituciones y administraciones “de todo signo político, también del PP”, que “están actuando” para retirar los anuncios de los pisos turísticos ilegales, poner en marcha los mecanismos de inspección y de sanción y “devolver” esas viviendas turísticas ilegales al mercado del alquiler.

“No puede ser que el Ayuntamiento de Madrid responda a la información que les hemos facilitado diciendo que no van a hacer nada”, sentenció, al tiempo que le instó a que, con la información recibida, “ponga fin a la situación de flagrante ilegalidad de la vivienda turística en la ciudad de Madrid”, al entender que se trata de “violaciones flagrantes de la normativa municipal”.

Tras puntualizar que el propio Ayuntamiento de Madrid “ha reconocido que más del 90% de las viviendas turísticas que hay en la ciudad son ilegales”, el ministro aseveró que “lo que no es aceptable ni asumible es no hacer nada, que es lo que el señor Almeida se vanagloria de llevar haciendo desde hace seis años en la ciudad de Madrid”, convencido de la urgencia de “actuar ya”.

En la misma línea, consideró que “no se puede normalizar la ley de la selva en el mercado de la vivienda”. “Hay que defender los derechos de los consumidores y el Ministerio de Consumo va a hacer todo lo que esté en su mano para asegurar que la ley se cumple, que se acaba la ley de la selva”, prosiguió.

LEY DE VIVIENDA

En este punto, reivindicó que la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña “ha arrojado resultados, en principio, positivos” y criticó que “algunos” de estos agentes y operadores económicos que están “co-optando” el mercado de la vivienda para obtener beneficios “obscenos” con ello, están “intentando sortear” la regulación de los topes de los alquileres “recurriendo de manera fraudulenta a la utilización de contratos de temporada”.

Por último, preguntado por el registro de alquileres turísticos y de temporada que prepara el Ministerio de Vivienda, Bustinduy aseguró que la medida es “perfectamente compatible” con las iniciativas puestas en marcha desde su cartera que, dijo, “está actuando en varios frentes” y con varios expedientes sancionadores abiertos para “asegurar que el modelo de los pisos turísticos ilegales sea perseguido y erradicado”.

PONER ORDEN

“El registro es una herramienta que va a servir para aclarar la situación normativa y para poner orden, pero, mientras tanto, todas aquellas vulneraciones de la normativa que se hayan producido hasta ahora deben ser perseguidas y, dentro del ámbito de sus competencias, el Ministerio de Consumo se va a encargar de que así sea”, resolvió.

Por su parte, el presidente de la Fravm, Jorge Nacarino, estimó que “ahora es el momento de que las administraciones que tienen las competencias pasen de la preocupación a la acción” y urgió a Almeida a que “ponga todos los medios” para “acabar” con un “fenómeno que debería preocuparnos a todos”, como es el hecho de que en la capital “sigue habiendo más vivienda turística ilegal que vivienda social”.