Así lo aseveró en declaraciones a los medios de comunicación previas a su intervención en la inauguración del acto ‘Atención Temprana: un consenso de país’ después de conocerse que su gabinete ha incoado un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.

A este respecto, Bustinduy afirmó que dicha inmobiliaria habría incurrido, “presuntamente”, en prácticas “contrarias” a la legislación en España, entre las que mencionó cobrar honorarios por la formalización de un contrato de alquiler a los inquilinos u obligar a la contratación de servicios no deseados.

“Es el segundo expediente que abrimos en esta materia y el principio vuelve a ser el mismo: no es consentible, no es tolerable que en este país haya quien se esté lucrando de manera espuria, sin cumplir con la normativa vigente; aprovechándose de la situación de dificultad que enfrentan millones de familias en España para acceder al derecho constitucional a la vivienda”, denunció.

En este contexto, el ministro quiso enviar “varios mensajes”, el primero de ellos, de “agradecimiento” a la sociedad civil, a las organizaciones de consumidores y usuarios y, “especialmente”, al Sindicato de Inquilinas, que cursó las denuncias que han derivado en la apertura de estos expedientes.

LLAMAMIENTO

A este respecto, Bustinduy quiso volver a hacer un “llamamiento” a la ciudadanía para que “cada vez que se vean en una circunstancia en la que se estén violentando sus derechos, que lo denuncien” ante las autoridades autonómicas de consumo y también ante el Ministerio de Consumo, que, avanzó, “va a actuar siempre para garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley y que se respeten los derechos de la ciudadanía”.

Junto a ello, quiso trasladar un mensaje a las empresas que están “incurriendo en este tipo de prácticas” y, “especialmente”, en materia de vivienda, a los fondos de inversión que se están "lucrando a costa de cercenar el derecho a la vivienda de los españoles", a las inmobiliarias que estén "incumpliendo sus obligaciones legales, intentando exprimir a las personas que están buscando una casa donde vivir”.

Pero también, dijo, “porque está de actualidad en estos días”, a las empresas que "consideran que pueden anteponer su modelo de negocio a la democracia española y a la ley que rige en nuestro país; es decir, a quienes incurren en prácticas corruptas”.

“Quiero dirigirme a todas estas empresas: quien no respete la ley en este país va a pagar por ello y, desde luego, el Ministerio de Consumo y los ministros y ministras de Sumar, que nunca, jamás, confunden sus lealtades ni por qué están en el Gobierno, se van a encargar de que así sea”, apostilló convencido de que en España “se va a cumplir la ley, se va a respetar la ley y se va a proteger los intereses de las familias trabajadoras en este país”.

SALVAGUARDAS Y GARANTÍAS

Preguntado por el nombre de la inmobiliaria expedientada, Bustinduy recordó que, mientras la normativa vigente establezca, “como no podría ser de otra manera en el Estado de derecho”, una serie de “salvaguardas y garantías”, él se debe “atener a esa normativa”, razón por la cual su “obligación” es “guardar la debida cautela” en relación al contenido de los expedientes en curso.

Por lo que respecta a las posibles sanciones a las que se enfrente la empresa, indicó que “son las que contempla la legislación vigente” y que “van en función de lo que se pueda probar durante el proceso de instrucción de este expediente”, si bien pueden alcanzar una cuantía “que sea una multiplicación de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que se haya obtenido con estas prácticas”.

“Pero, más allá del desenlace concreto que tenga este expediente, quiero reafirmar el principio general de la acción de este ministerio y es que vamos a asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley y que los derechos de la ciudadanía en este país se antepongan a los intereses de las grandes empresas y las grandes multinacionales”, resolvió.