Así lo aseveró en una entrevista en La 1, recogida por Servimedia y en la que subrayó que “tenemos evidencia” de que, en relación a la guerra de Ucrania con el alza de los precios del gas y del petróleo, las grandes operadoras en el sector de la energía “se forraron y que el 85% de los beneficios que se obtuvieron con esa guerra en los Estados Unidos, por ejemplo, fue a parar al 1% más rico de la población”.

“Las guerras siempre son doblemente injustas. Uno, porque las pagan siempre los pobres, que son las víctimas de los conflictos; pero dos, porque es que además luego los que se forran son una minoría, una oligarquía que hace negocio con ello”, deslizó.

En este contexto, explicó que el Gobierno ha habilitado un mecanismo para poder “controlar” los márgenes de beneficios de las empresas y que “el esfuerzo que hacemos entre todos, bajando los impuestos, por ejemplo, de los carburantes o la electricidad, no vaya a engrosar las cuentas de beneficios de las grandes multinacionales”.

“Con ese mecanismo vamos a impedir que nadie pueda lucrarse gracias a las alzas de precio de esta guerra. Y es algo importante, es algo por lo que peleamos muchísimo desde la izquierda dentro del Gobierno para podernos asegurar que esta situación trágica que vive el mundo no se convierta en una oportunidad de negocio, además, para unos pocos”, apostilló.

Preguntado por si hay ya empresas que estén usando la guerra como excusa para subir los precios de más, Bustinduy recordó que lo que ha aprobado el Ejecutivo es que la CNMC pueda requerir toda la información en el mercado mayorista y en el minorista de hasta en 12.000 gasolineras, “por ejemplo, no solo del precio que tienen los carburantes cada día, sino del margen de beneficio que se está llevando cada empresa”.

DE MANERA OBJETIVA

“Y en el caso en el que, de manera objetiva, se pueda probar que esos márgenes se incrementan, el Gobierno, por fin, y esto es lo que peleamos muchísimo para poder incorporar en el decreto ley del viernes pasado, pueda intervenir para topar, limitar esos márgenes, de tal manera que en ningún caso las grandes empresas puedan aprovechar para obtener beneficios de esta situación”, puntualizó, convencido de que “es un paso que es importante”, razón por la cual Sumar lo “peleó tantísimo” y de que “es la garantía que vamos a tener de que no se produzcan esas situaciones”.

Con respecto al plazo en el que se intervendrían los precios Bustinduy señaló que el reporte de la CNMC es semanal y que lo aprobado el pasado viernes incluye una provisión para que, en un plazo de dos semanas, el Gobierno “tenga ese informe completo con todos los márgenes de beneficios que obtienen las operadoras en los mercados tanto mayorista como minorista”.

“Y, en el caso de que existan esos márgenes, que nadie tenga la más mínima duda de que el Gobierno va a intervenir y quien esté intentando aprovechar esta situación para lucrarse, para obtener beneficios, mientras los españoles están haciendo un esfuerzo ímprobo por culpa de esta guerra ilegal e injusta a la que nos han arrastrado, lo va a pagar”, avanzó.

En la misma línea, insistió en que “a ninguna gran empresa, que a ningún gran operador económico, se le ocurra pensar que tiene una oportunidad para lucrarse con esta crisis porque el Gobierno no lo va a permitir”.

Asimismo, hizo hincapié en que, en caso de que un operador económico no quiera aportar esa información a la CNMC, “será sancionado solo por no aportar esa información”. “Y esa información será pública y, por supuesto, todo el mundo va a saber con luz y taquígrafos a dónde va cada céntimo de esfuerzo fiscal que están haciendo los españoles”, sentenció.

Por último, recordó que el Ministerio de Consumo ha “dado todas las batallas que ha hecho falta, algunas contra algunas de las multinacionales más poderosas del planeta, con un único mensaje”, como es el de que “ninguna empresa está por encima de la ley”. “Los derechos de los consumidores deben respetarse y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para asegurarnos de que de esta guerra no sale nadie obteniendo ganancias ilícitas a costa del sufrimiento de las mayorías sociales”, sentenció, al tiempo que confirmó que el Ministerio de Consumo “desde luego no lo va a consentir”.

“Yo lo digo, con hechos constatados, con hechos demostrados, que cualquier operador económico que intente o pretenda lucrarse con la crisis que estamos viviendo derivada de la guerra ilegal, que han apoyado la derecha y la ultraderecha española, lo va a pagar”, reiteró, al tiempo que subrayó que su Ministerio “va a hacer todo lo que esté en su mano, para asegurarse de que los intereses de la ciudadanía y de la gente de a pie se vean respetados y que nadie se lucre a su costa”.