Así lo precisó en el transcurso de una entrevista concedida a Servimedia en la que admitió que, durante el “último mes y medio”, ha “intentado hacer constantemente un ejercicio de pedagogía” frente a la “idea” que, a su entender, “se había extendido” de que la reforma de dicho artículo simplemente “consistía en cambiar una palabra”.

“Había gente que decía que qué más da una palabra o gente que decía que es una palabra, pero qué va a cambiar esto en el día a día”, añadió, para aseverar que, a lo largo de este tiempo, ha tratado de “explicar que, en realidad, no era la sustitución de un término por otro el objeto de esta reforma, sino que era todo un paradigma de políticas públicas el que está implicado”.

Un nuevo paradigma en virtud del cual los poderes públicos “pasaban a estar obligados por un enfoque centrado en los derechos humanos, en la plena inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad” y, por tanto, que, con la modificación del articulado de la Carta Magna, “se inauguraba un paradigma nuevo para las políticas públicas”.

En este contexto, una vez “celebrado” el “éxito” y la “conquista de país” que, según su punto de vista, “supone esta primera reforma social de la Constitución”, advirtió de que es el momento de “aplicar este mandato”. “Y creo que, en primera instancia, en esta legislatura eso se debe traducir en una reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Dependencia también para adaptarlas a los requisitos del nuevo artículo 49”, apostilló.

DETALLES DE LAS REFORMAS

Por lo que respecta a la primera, recordó la necesidad de “incorporar ese enfoque específico de género y de protección de la infancia” y de “adecuarla” a los “requerimientos” de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Debemos incorporar también un objetivo ambicioso para garantizar la accesibilidad universal”, abundó, para agregar que, “en lo que tiene que ver con la materia de dependencia”, también urge “darle una consideración prioritaria” a la regulación de la figura del asistente personal como “un servicio que debe ser efectivamente prestado”.

En paralelo, aseguró que existen “otros ámbitos en los que hay que profundizar” y se comprometió a “inaugurar, desde el diálogo civil y con las organizaciones”, un “proceso de escucha” así como de “articulación de cuáles deben ser estas iniciativas”. “Pero creo que estas son prioridades que suscitarán un amplísimo consenso político y que creo que debemos incorporar haciendo efectivo ese mandato que implica la reforma constitucional”, defendió.

En este punto, reconoció que le “gustaría” iniciar este proceso “cuanto antes”, consciente de que se trata de dos reformas de dos normas “que dialogan mucho entre sí y que deben ir de la mano”.

“Mi intención es construir el consenso político más amplio posible, que estaría reflejando un consenso que ya existe en la sociedad”, afirmó, para, a continuación, admitir que “de lo que se trata en esta legislatura” y a lo que “aspira” es “a traducir, a expresar en el ámbito institucional consensos sociales que ya existen”, como, subrayó, “hemos visto en la reforma constitucional”.