Así lo aseveró en declaraciones a los medios de comunicación en el marco de un encuentro en el que participó, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, para hablar sobre el fomento de una alimentación más saludable y regular la oferta de ultraprocesados en centros públicos además de en hospitales y residencias, en las que enfatizó que “en este mundo en llamas, de violencia indiscriminada, de guerras ilegales, donde, además, las consecuencias las pagan siempre quienes menos tienen, no da igual quién esté en el Gobierno”.

“No da igual quién esté en el Gobierno, como ha demostrado el Gobierno de España oponiéndose a esta guerra ilegal, inmoral e injusta y como demuestra que nuestras prioridades sean trabajar por el derecho universal a la salud y a una alimentación saludable”.

En este contexto, quiso lanzar “un mensaje bien claro”, como es el hecho de que “por supuesto” que el Gobierno va a “intervenir para proteger a las familias y a las clases trabajadoras” de los “efectos” de lo que consideró una “guerra ilegal, inmoral e injusta que ha apoyado la derecha y la ultraderecha española”.

“Claro que vamos a intervenir para garantizar el derecho de la ciudadanía española a estar protegido frente a las consecuencias de ese mundo injusto y bárbaro al que nos empuja la ultraderecha; para defenderles frente a posibles incrementos del coste de la vida, de la energía y también al agravamiento de la crisis de vivienda”, abundó, al tiempo que advirtió de que “cualquier subida, cada céntimo de subida en un producto o en un servicio esencial para las familias y los trabajadores en España tiene nombres y apellidos”.

A su juicio, “son los nombres y los apellidos de quienes han apoyado esta guerra injusta e ilegal, el Partido Popular y Vox, y son también los nombres y los apellidos de quienes hace apenas dos semanas en el Congreso de los Diputados votaron en contra de una herramienta de control de precios en situaciones de emergencia elaborada por el Ministerio de Consumo y que el PP, Vox y Junts tumbaron con su voto en el Congreso”.

En este sentido, aseguró que ellos son “responsables de lo que esté pasando”, si bien el Ejecutivo va a “asumir su responsabilidad y a garantizar que las familias y las clases trabajadoras en este país no paguen los efectos y las consecuencias de esta guerra ilegal e injusta que la derecha y la ultraderecha han apoyado”.

COMBUSTIBLE

Preguntado en concreto por el alza en el precio de los combustibles, el titular de Consumo juzgó “muy importante poder controlar los precios, precisamente aquello a lo que se opusieron el PP, Junts y Vox en el Congreso hace apenas unas semanas”. “Pero también es muy importante asegurar que ninguna multinacional, ninguna gran empresa, aproveche los efectos de la guerra para lucrarse de manera ilícita y espúrea”, sentenció.

“Hoy mismo hemos escuchado al señor Roig reclamar que se eliminaran los impuestos sobre la alimentación el mismo día que su compañía ha presentado resultados, ganancias de más de 1.700 millones de euros”, puntualizó, convencido de que “detrás de una guerra siempre hay quien saca partido y quien busca lucrarse a costa del sufrimiento de los demás”.

Tras afirmar que “por eso son doblemente injustas”, Bustinduy adelantó que el Ministerio de Consumo “va a hacer todo lo que esté en su mano para asegurarse que nadie aproveche esta guerra para lucrarse, para engrasar sus cuentas de resultados a costa de las familias y de los trabajadores en España”.

ESCUDO SOCIAL

En otro orden de cosas, en cuanto a la renovación del escudo social, Bustinduy reiteró que, “en diálogo con todos los grupos parlamentarios y los agentes sociales”, el Gobierno está elaborando un paquete de medidas para “poder proteger a la ciudadanía frente al impacto de esta guerra ilegal en el coste de la vida y la energía”.

“Y nosotros, desde luego, hemos planteado y así lo vamos a pelear y a defender hasta las últimas consecuencias, que también se adopten medidas en materia de vivienda para que esta situación no agrave la ya trágica situación que viven las familias en España para poder afrontar los alquileres”, apostilló, al tiempo que insistió en que “es de sentido común” la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y que Sumar plantea “como una de las prioridades para poder proteger a la ciudadanía con este nuevo escudo social”.

En la misma línea, Mónica García reivindicó la utilidad de dicha medida “para que no pueda haber subidas abusivas del alquiler”, que, a su entender, “ya han roto el mercado de la vivienda”. “Y queremos poner un torniquete a esta sangría que está suponiendo la especulación en la vivienda en nuestro país”, deslizó, al tiempo que abogó por implementar “todas las medidas posibles” en este sentido.

“Y, efectivamente, en un momento en el que necesitamos otra vez, una vez más, un escudo social frente a las guerras y frente a la incertidumbre, necesitamos nuevamente proteger a las familias de los especuladores de la vivienda”, resolvió.