Así lo precisó durante la clausura del acto de presentación del informe 'El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España', en la que hizo hincapié en los “desafíos” y “la oportunidad” de “dar pasos decididos” para poder construir un sistema público que “pueda trabajar para garantizar un derecho al cuidado”.

Tras reconocer que las circunstancias “no son particularmente proclives ni fáciles” para conseguir “grandes acuerdos sociales y parlamentarios”, subrayó que el Gobierno está “en pleno proceso de negociación parlamentaria” para reformar ambas leyes.

“Estamos en ello y va a ser una reforma social ambiciosa de profundo calado y que tiene que sentar las bases para poder desarrollar la respuesta democrática, política, institucional, pública y social a la realidad que, desde distintos ángulos, estamos abordando en esta conversación y que el estudio pone de manifiesto de esa manera tan clara”, abundó.

En este sentido, agradeció la “capacidad” de sus autores para “visibilizar y dar orden y forma” a las variables que, a su juicio, “tenemos que ser capaces de manejar para poder dar una respuesta efectiva y eficaz a la realidad de los cuidados y de las necesidades de cuidados en España”.

A este respecto, criticó que “una conversación tan importante” como la relativa a la reforma del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia “se ve en un contexto marcadamente dominado por la guerra entre generaciones” en la que “los intereses entre distintos grupos etarios se confrontan”, algo, dijo, que es “extraordinariamente peligroso”.

Y ello, teniendo en cuenta, además, que el debate se da “exactamente en el mismo momento” en el que algunos países y “fuerzas políticas en nuestro propio Estado” abogan por “comprometer el 5% del PIB de gasto en defensa sin más”, mientras en España el Gobierno acordó “incrementar sustancialmente en un orden de magnitud inédito” la contribución financiera de la Administración General del Estado al sistema de la dependencia.

“La mejor manera de reforzar la democracia española es a través de la expansión de su sistema de protección social y de la construcción de un sistema público de vocación universal que garantice el derecho al cuidado a lo largo de los ciclos vitales y que sea capaz de demostrar en la práctica la viabilidad, la fuerza y la capacidad de nuestras democracias para responder a las necesidades, deseos y preferencias de la ciudadanía española”, sentenció, convencido de que el país tiene “una grandísima oportunidad histórica por delante en los próximos meses”.

Por último, expresó su “determinación absoluta” de que este año y “en concreto los próximos meses” supongan “un antes y un después” en relación a la construcción de un sistema público universal de cuidado “real” que “refuerce la democracia española y de satisfacción a esas necesidades todavía no satisfechas”.