Así lo avanzó durante su primera comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento y en la que incidió en que lo va a “intentar de todas las maneras posibles” y utilizará la vía legislativa con la esperanza de que “se pueda avanzar con el mayor consenso posible”, si bien instó a “pensar cómo la financiación se convierte en una prioridad y en un acuerdo de Estado en materia de dependencia independientemente de los ciclos políticos, de la volatilidad electoral y de las estrategias de corto plazo de cada uno de los actores” convencido de que se trata de un “reto generacional”.

En este sentido urgió a “abrir una conversación de país” sobre el “reto inmenso” que, a su juicio, “supone a futuro por la transformación demográfica, por las transformaciones culturales, de los modelos de familia” el desarrollo de “un pilar público del Estado del bienestar en materia de dependencia y, por tanto, de la necesidad de contar con fuentes de financiación estructurales, que no dependan de la coyuntura económica o política o del signo de un Gobierno que tenga que acometer un esfuerzo como el que se hizo la legislatura pasada de incrementar un 130% esta partida”.

Dicho incremento se “tradujo”, según calculó, en que el sistema de la dependencia atiende ahora a 300.000 personas más que en 2020 y en que la lista de espera se ha reducido en 100.000 personas, algo que juzgó “inédito”, pese a que reconoció que “falta mucho camino por recorrer”.

Asimismo, indicó que la “segunda pata” de esa transformación está relacionada con el modelo en sí, consciente de que la primera Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, que su Ministerio llevará al Consejo de Ministros “antes de verano” tiene que “servir para seguir avanzando en esa senda y diseñar un horizonte y un objetivo para este nuevo modelo de prestación de cuidados”.

A su vez, defendió que la “tercera pata” tiene que ver con el trabajo, con las condiciones laborales y los itinerarios socioprofesionales en el sector, al entender que existe un “problema estructural que no entiende tampoco de signos políticos ni de territorios”, en referencia a un “problema de infravalorización social de un trabajo absolutamente esencial para el mantenimiento de nuestras sociedades y que solo va a aumentar a futuro”, por lo que abogó por abordarlo con un “plan de choque” para evitar que se “agrave” el “déficit estructural” que le aqueja y, entre otras cuestiones, “aumentar” la “escasa capacidad de negociación que tienen las trabajadoras”.

A este respecto, Bustinduy insistió en que, con el fin de “garantizar una vida independiente y una inclusión plena”, su departamento está “trabajando en la transición hacia un nuevo modelo de cuidados”.

“Hablamos de una revolución, de una transformación en profundidad, estructural, del sistema actual”, puntualizó, para precisar que su gabinete pretende “articular un nuevo ecosistema de apoyos” que “aspira” a “dar respuesta, en el entorno cercano, a las necesidades, pero también a los deseos y a las preferencias de las personas que requieren cuidados”, convencido de que tanto la reforma de la Ley de Dependencia como la regulación del servicio del asistente personal “serán hitos importantes en ese esfuerzo”.

En este contexto, el titular de Derechos Sociales afirmó que el nuevo modelo “busca poner en el centro la promoción de la autonomía personal” y se verá, además, “reforzado” por la presentación de esa primera Estrategia Estatal de Desinstitucionalización.

POLÍTICA TRANSVERSAL

Tras reivindicar que las políticas de la discapacidad “son trasversales e interpelan al conjunto de nuestra sociedad”, Bustinduy resaltó que la Ley de Familias “mejorará” los “apoyos y recursos” para familias con integrantes con discapacidad, que recibirán una “protección reforzada y específica” y, a su vez, “reforzará” las “garantías” para que las personas con discapacidad puedan fundar una familia y también el derecho subjetivo a la Atención Temprana con el “refuerzo de la presencia de los poderes públicos en el acompañamiento a la crianza en los primeros tres años de vida”.

Por su parte, señaló que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela “exigirá que las empresas diseñen prestaciones personalizadas a la hora de atender a los clientes con discapacidades”.

Junto a ello, con el afán de “garantizar el derecho a una autonomía plena”, recordó que el Ministerio está “trabajando” en un Real Decreto por el que se va a regular el etiquetado en braille para “garantizar la accesibilidad universal a bienes y productos de consumo de especial relevancia” y que la iniciativa “busca garantizar que una actividad como hacer la compra no comprometa la seguridad de las personas ciegas”.