Así lo precisó su departamento en un comunicado emitido tras la celebración del Consejo Territorial Ordinario de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contó también con la participación de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y los consejeros y consejeras de Derechos Sociales de todos los Gobiernos autonómicos.

Este encuentro se celebra seis días después de que el Gobierno aprobase un real decreto-ley para duplicar las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido y que supondrán un incremento récord de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

Por ello, el ministro Bustinduy comenzó su intervención destacando que “esta es la mayor inversión social en décadas en este país”. Además, instó a los Gobiernos de las autonomías, que son los que tienen la competencia de gestionar la dependencia, a destinar esta ampliación de la aportación estatal al sistema a tres objetivos prioritarios. Esos objetivos son continuar reduciendo las listas de espera, mejorar la intensidad y la calidad de las prestaciones que reciben las personas usuarias y mejorar y dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras.

Durante su intervención, Pablo Bustinduy recordó, además, que esta ampliación de la financiación en dependencia es estructural, es decir, se consolida para los siguientes años y se blinda por ley para evitar posibles recortes en el futuro.

De esta forma, manifestó, se trata de una medida histórica, que, a su juicio, “supone una refundación del sistema” y que se completará “próximamente” con la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, actualmente en tramitación parlamentaria.

REFORMA LEGISLATIVA

Según el ministro, su texto “culminará una transformación del sistema de cuidados que deje atrás un enfoque asistencialista y permita avanzar hacia uno más centrado en las personas, sus derechos, autonomía y voluntades”.

Así mismo, el ministro también subrayó que esta reforma legislativa cuenta con un amplio respaldo social y que ningún Gobierno autonómico ha ofrecido argumentos en contra de su contenido.

“La única reclamación que hacían las comunidades autónomas es que se necesitan recursos para que las nuevas leyes puedan desplegarse y eso es lo que hemos puesto por delante: una mejora histórica de la financiación”, señaló, al tiempo que hizo hincapié en que este “incremento inédito” de los recursos será destinado únicamente a la dependencia; “no se puede desviar a ningún otro fin”.

NIVEL ACORDADO

La ampliación de las cuantías por grado entrará en vigor esta semana, el 1 de julio, y supondrá que los Gobiernos de las comunidades autónomas vean incrementados un 98,7% de media sus fondos para financiar el nivel mínimo de la dependencia.

Pero, además de esta vía, en el Consejo Territorial de este lunes se abordó la otra vía con la que el Estado financia el SAAD, como es el nivel acordado de protección.

Sobre este punto, Pablo Bustinduy trasladó a los ejecutivos autonómicos que el Gobierno de España también incrementará la financiación del nivel acordado. En concreto, incluirá, como el año pasado, una partida de 121 millones de euros adicionales a repartir entre las regiones.

Es decir, la inversión final a través del nivel acordado será de más de 904 millones de euros, cifra a la que hay que añadir los recursos que reciben País Vasco y Navarra a través del cálculo del cupo vasco y aportación navarra respectivamente, lo que implicará que, en total, la financiación total para este nivel alcance los 970 millones de euros.

“Este ministerio ha cumplido con su parte. Ya nadie puede poner excusas o decir que faltan recursos. Llega el momento de que todas las administraciones podamos centrarnos en lo verdaderamente importante: cuidar mejor, cuidar antes y cuidar con más dignidad”, resolvió.