Así lo denunció Bustinduy en el transcurso de una entrevista en RNE recogida por Servimedia y en la que, preguntado por su requerimiento al Ayuntamiento de Madrid, lamentó que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “no ha hecho absolutamente nada en este sentido y, además, hasta se vanagloria de ello”.

“Lo que ha hecho el Ministerio de Consumo es hacer el trabajo que no ha hecho el Ayuntamiento, recabar la información sobre cuántos anuncios de pisos turísticos ilegales hay. Se los mandamos y, como no hicieron nada, lo que hemos hecho ha sido irnos a buscar las direcciones postales de 3.500 de estos pisos y se las hemos mandado también diciendo que la competencia para ir allí, tocar la puerta, inspeccionar, cerrarlos y sancionar por una actividad ilegal es suya”, abundó, al tiempo que indicó que el consistorio madrileño “tiene la información” y “ya no tiene excusas”.

En este contexto, se preguntó si “alguien se imagina que pudiera haber 15.000 taxis, bares o restaurantes operando sin licencia en Madrid”, convencido de que “sería un escándalo” y de que, en el caso de los pisos turísticos, “se consiente porque detrás hay fondos de inversión que están lucrándose de manera extraordinaria con esto”.

Tras recordar que su departamento ha “conseguido ganar dos veces” ante la justicia contra Airbnb en el marco de una causa en la que exigió a la empresa que retire 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, el ministro reconoció que es una lucha de “David contra Goliat”, porque su cartera “tiene pocos recursos y estas plataformas multinacionales, muchísimos”.

VICTORIA JUDICIAL

Pese a ello, celebró que, después de esa “victoria judicial” contra Airbnb, la plataforma Booking, “de manera voluntaria, decidió cooperar y retirar 4.000 pisos turísticos ilegales también”.

“Es un avance y yo agradezco que haya empresas que decidan cooperar con las administraciones en lugar de declararse en rebeldía pensando que este país es la ley de la selva y que pueden hacer lo que quieran”, apostilló, al tiempo que advirtió de que en España “rige la ley, tiene que regir la ley” y de que el Ministerio de Consumo “la va a aplicar contra quien sea, por poderoso que sea quien haya enfrente”.