Así lo reivindicó Bustinduy durante su intervención en el acto ‘Voces del Desarrollo Sostenible’, de conmemoración del décimo aniversario de la Agenda 2030, en la que quiso hacer “un llamamiento” a “redoblar la presión internacional para acabar con el genocidio en Gaza”.

“No es una casualidad que Trump y Netanyahu hayan anunciado ayer este plan, plan que es una imposición, plan que es un ultimátum, no es un plan de paz, porque no respeta el marco del derecho internacional o de las Naciones Unidas y no consagra ninguna voz al pueblo palestino, que tiene derecho a la autodeterminación”, puntualizó.

A este respecto, se mostró convencido de que “esto es síntoma de que la presión funciona, que el clamor global que ha recorrido el mundo, las calles de ciudades y países del mundo entero hasta los pasillos de las Naciones Unidas, funciona”, razón por la cual llamó a “redoblar ese esfuerzo”.

Y ello, “no solo para conseguir detener de una vez el genocidio del pueblo palestino”, sino también para “asegurar que sus responsables acaben rindiendo cuentas ante un tribunal internacional de justicia”.

LA PRESIÓN FUNCIONA

Preguntado por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dado la bienvenida a dicho plan, Bustinduy reiteró que le “parece fundamental redoblar la presión”, al entender que “la presión funciona”, al igual que “el clamor global que hemos visto en las calles del mundo entero y las protestas que hemos visto en España”. “Por eso las criminalizaba la derecha y la ultraderecha, porque funcionan, son la causa por la cual Trump y Netanyahu han salido con su plan de ultimátum e imposición”, agregó.

“No se puede cejar en la presión hasta que consigamos que se detenga el genocidio del pueblo palestino, que se respete el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y que los responsables de crímenes contra la humanidad rindan cuentas ante un tribunal internacional”, prosiguió, al tiempo que indicó que, asimismo, “el aislamiento, el boicot, la ruptura de vínculos, la presión comercial consiguen que se muevan cosas”.

“Ahora bien, hasta que consigamos un escenario en el que se respete el derecho del pueblo palestino a vivir en paz, a la autodeterminación y sobre todo a que los responsables de violaciones flagrantes del derecho internacional rindan cuentas por ello queda todavía muchísimo”, reconoció.

En este sentido, como “expresión de ese compromiso”, hizo referencia a la investigación anunciada por el Ministerio de Consumo a empresas que operan en los territorios palestinos ocupados y confirmó que lo hace “sobre la base” del Real Decreto-ley 10/2025 que el Gobierno aprobó la semana pasada sobre el embargo de armas a Israel, que, según recordó, también establecía la “prohibición de comerciar con los territorios palestinos ocupados ilegalmente por el Estado de Israel”.

COMPROMISO CONTRA EL GENOCIDIO

“El principio y el compromiso que vamos a defender desde este ministerio es bien claro: ninguna empresa que opere en España puede lucrarse de manera impune participando de la economía del genocidio y de la ocupación ilegal que sufre cada día el pueblo palestino”, destacó, al tiempo que hizo hincapié en que ninguna de estas compañías “puede tener sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino” porque “no es algo tolerable”.

“Nos obliga el derecho internacional y el clamor social con el que nuestro pueblo ha reaccionado ante lo que estamos viviendo en Palestina. Ninguna empresa que opere en España debe poder, de manera impune, lucrarse con toda la maquinaria genocida y con la ocupación ilegal de la tierra del pueblo palestino, ese es el objetivo que perseguimos”, profundizó.

Cuestionado por qué consecuencias reales va a tener esa investigación en curso, Bustinduy señaló que la “obligación” del gabinete que dirige “con las herramientas legales a su disposición” es “asegurar” que las compañías que operan en España “no puedan lucrarse ofertando bienes y servicios que derivan de esos territorios palestinos ocupados”.

“Esto no es algo que determine el Ministerio de Consumo, esto es una obligación marcada por el derecho internacional”, abundó, al tiempo que incidió en que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros hace una semana le “da sustento y base jurídica suficiente para poder emprender estas acciones”.

MAQUINARIA GENOCIDA

En la misma línea, aseveró que “no puede haber operaciones económicas que se lucren a partir de una situación como es la ocupación ilegal de los territorios palestinos ocupados por Israel”. “Y tampoco, desde luego, con la maquinaria genocida que está generando decenas de miles de víctimas mortales en Gaza”, apostilló.

Por último, explicó que la investigación “va a seguir el curso previsto por la ley en un sistema como el nuestro”, esto es, un Estado de derecho que “ofrece todas las garantías a todas las partes afectadas”. “Por lo tanto, con total rigor y con total precisión, vamos a conducir esta investigación e informaremos puntualmente cuando haya conclusión de la misma”, deslizó.

“Debería ser impensable en una democracia que pueda haber empresas lucrándose en las mismas tierras de las que los palestinos están siendo expulsados cada día y por eso vamos a trabajar, con todo el empeño, con toda la determinación, para que ninguna empresa que opere en España pueda beneficiase de la economía de la ocupación y del genocidio que sufre cada día el pueblo palestino”, sentenció.