Así lo aseveró durante su intervención en el Pleno del Congreso para la defensa, por parte del Gobierno, del real decreto, que previsiblemente decaerá por el ‘no’ de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV y en la que solo estuvo arropado por los ministros de Sumar Yolanda Díaz y Ernest Urtasun.

Bustinduy, que comenzó su alocución leyendo el artículo 47 de la Constitución, recordó a los parlamentarios que van a votar este martes “si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera; si las casas en las que residen casi 3 millones de compatriotas son para vivir o para que otros hagan negocio con ellas”.

“Van a votar si esos cientos de miles de hogares pueden tener estabilidad, si esas familias pueden seguir viviendo en sus casas, en su barrio, en sus ciudades, pagando religiosamente sus alquileres con todo el esfuerzo de su trabajo o si se encuentran con subidas unilaterales del 30, el 40 o el 50%, que muchas no podrán asumir para ver cómo en los que fueron sus hogares se instalan pisos turísticos y alquileres fraudulentos de temporada y de habitaciones”, apostilló.

En paralelo, indicó que “lo que van a decidir es si actúan de acuerdo al interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho a la vivienda como les manda el artículo 47 de la Constitución o no”. “Eso es lo que van a votar ustedes hoy”, abundó, convencido de que, “cuando pulsen el botón de votación, no estarán decidiendo sobre una cuestión abstracta” pues, para millones de personas la prórroga de los alquileres "no es una batallita más de la disputa entre grupos políticos de la legislatura".

"No es una cuestión de cálculos electorales o partidistas. Es exactamente la diferencia entre poder seguir viviendo en sus casas o verse expulsadas de sus barrios, de sus ciudades incluso, sin que nadie les ofrezca una solución alternativa ni una mano para ayudarlas”, prosiguió.

MILLONES DE VIDAS

En este sentido, aseveró que lo que se “dirime” en la Cámara Baja es “si sus vidas, las vidas de millones de españoles cuentan algo para sus representantes políticos”. “O si, por el contrario, lo que sale de esta Cámara es vía libre para que los fondos buitre, los grandes inversores y alguna de las mayores fortunas de este país puedan seguir jugando con sus vidas según les dicten la rentabilidad de sus activos y sus cuentas de resultados”.

“Estamos hablando de un 20% de la población, prácticamente 10 millones de personas, que votan a todas las formaciones políticas, que viven en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades del país. Hoy lo que se vota son sus intereses y la protección de sus derechos y les aseguro que tomarán nota”, apostilló, al tiempo que criticó la “intimidación” que han sufrido en estas semanas algunos inquilinos “por quienes han visto amenazada la suerte de sus operaciones especulativas” aunque “eso implique destrozar las vidas de quienes vivían en ellas”.

“El mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España”, defendió, consciente de que, quienes se están “lucrando” con la vivienda son “principalmente un grupo de grandes tenedores, inversores sin escrúpulos y corporaciones financieras a las que le da exactamente igual la vida de los españoles” y de que la votación de este martes supone “evitar que ese expolio continúe”.

Frente a esta realidad, afirmó que la prórroga de los contratos de alquiler es una medida “razonable, proporcionada, de sentido común, que brinda una protección inmediata a casi tres millones de personas en todo el país frente a las subidas abusivas de precios que les están expulsando de sus hogares”. “Son cientos de miles de familias que, en un contexto global de incertidumbre, contarán con un horizonte de estabilidad y certeza respecto al que es el principal gasto y la principal preocupación de las familias españolas”.

ALIVIO

“La adopción de la prórroga y el tope al 2% de los alquileres supondrá un alivio económico de más de 2.000 euros al año para un hogar medio, pero en ciudades como Valencia, Málaga, Sevilla o Madrid, hablamos de una diferencia de 600 o 700 euros al mes por hogar”, explicitó, al tiempo que pidió a los parlamentarios que “imaginen la magnitud de este alivio para una economía familiar media” y que “piensen si esas familias van a entender sus argumentos para votar que no”.

Para Bustinduy, la prórroga sirve también para “enviar un mensaje disuasorio frente a operaciones especulativas que persiguen intereses absolutamente contrarios al de la inmensa mayoría de los españoles” y “ofrece una solución inmediata a casi 3 millones de personas”.

“Tumbarla deja a esa gente a la intemperie para blindar el interés y el negocio; esta votación no va del gobierno, ni de la izquierda, ni siquiera de los modelos de vivienda que defienda cada cual”, agregó, al tiempo que indicó que “lo que se vota hoy es una solución concreta, inmediata, razonable, con la que no pierde nadie y que para muchísima gente supone un alivio esencial en un momento muy difícil en España y en el mundo entero”.

A su entender, “hablamos de ponerse del lado de las familias trabajadoras, de los proyectos vitales de cientos de miles de personas que encuentran en esta medida una protección necesaria y la encuentran cuando más la necesitan y de que del otro lado están los objetivos de negocio de grandes inmobiliarias, de fondos extranjeros y de agentes especuladores que están obteniendo rentabilidades desmedidas a costa del esfuerzo de esas mismas familias trabajadoras”.

EXTRAORDINARIO ERROR

“Sería un extraordinario error darle la espalda a la ciudadanía en aras del tacticismo, de la cerrazón ideológica o de esa forma de hacer política que consiste en el no a todo, aunque esté en juego la suerte de millones de personas”, sentenció, al tiempo que animó a los parlamentarios a que “dejen de lado las excusas y los discursos prefabricados y consideren exclusivamente el interés general”.

Para el ministro, es “tan grande el impacto” de esta medida y “tan importante” la forma en que “podría cambiar para mejor la vida de millones de compatriotas” que quiso “volver a invocar su responsabilidad y el sentido mismo, la finalidad misma de la política”.

“En esta votación no se dirime el interés del gobierno ni de un grupo político u otro. Lo que se vota es dar protección a 3 millones de personas o dejarlas a la suerte del sálvese quien pueda. Se vota si esas familias pueden irse a dormir con la tranquilidad de saber que su casa va a seguir siendo su casa; si, en un momento crítico a nivel internacional, España protege las condiciones de vida y la capacidad adquisitiva de su gente o no; si se protege el derecho a la vivienda o se da rienda suelta a quienes hoy lo violentan y amenazan”, subrayó.

En este sentido, preguntó a los diputados “qué intereses defienden y de qué lado se ubican” y advirtió de que si el Congreso tumba el decreto, “ese no tendrá ante toda España cada uno de sus nombres y apellidos”. “Cada euro de más que se vaya a pagar un alquiler abusivo para que se lo lleve un fondo buitre, cada casting para visitar un piso impagable; cada familia que tenga que cambiar a sus hijos de colegio, cada trabajador que tarde 30 minutos más en llegar al curro, cada despedida de un vecino o de la tienda de tu barrio, cada caja de cartón, cada maleta llena de ropa mal doblada por las prisas, cada puerta que se cierre, cada plan que se trunque, cada vida más difícil tendrá sus nombres y apellidos”, lamentó.

“Quizá a ustedes este problema les quede lejos o no les afecte, pero hoy van a decidir sobre la suerte de millones de personas a las que sí le va la vida en ello y no se lo van a poder explicar y serán responsables de ello”, concluyó.