Así lo aseveró en declaraciones a los medios de comunicación en el marco de un encuentro en el que participó, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, para hablar sobre el fomento de una alimentación más saludable y regular la oferta de ultraprocesados en centros públicos además de en hospitales y residencias, en las que subrayó que las “muchísimas aportaciones” que ha recibido el texto “es testimonio del hecho de que en la sociedad española hay una gran conciencia sobre la necesidad de favorecer entornos saludables y de garantizar el derecho a una alimentación saludable como un pilar esencial de la condición democrática”.

“Sabemos que las desigualdades en nuestra sociedad, desigualdades de recursos, de tiempo, de información, afectan mucho al derecho a la alimentación, pero lo que estamos haciendo desde los poderes públicos es intervenir precisamente para garantizar esa igualdad de oportunidades y que todos y todas, empezando por los niños y niñas, pero extendiéndolo a todos los ciudadanos de este país, tengan el derecho a una alimentación saludable, que es algo tan importante”, abundó.

En este contexto, insistió en que espera “muy próximamente pueda ver la luz este Real Decreto y que sea todo lo ambicioso que pueda ser”.

En la misma línea, García reivindicó que la alimentación sana, saludable y sostenible “tiene que ser un derecho fundamental universal y que se dé en aquellos lugares donde la vida cotidiana discurre, como colegios, hospitales y residencias de mayores”.

“Es política de la vida cotidiana, la política que cambia y que transforma la vida de la gente y consideramos, desde el punto de vista de la salud, que la alimentación es un elemento fundamental y uno de los lugares donde tiene que darse ese elemento fundamental es en los colegios como un vector fundamental de salud de los niños y las niñas y también los hospitales y las residencias de mayores”, resolvió.