En declaraciones al visitar un edificio adaptado para personas con discapacidad en Madrid, Bustinduy calificó de "hecho insólito" la suspensión cautelar de este efecto de la llamada 'ley de nietos' y una instrucción del Ministerio de Justicia que da por supuesto que todos los exiliados españoles durante el franquismo lo fueron por motivos políticos.

Según razonó, en una democracia "no hay ciudadanos de primera y de segunda" y "las restricciones del derecho al voto están muy acotadas y responden a supuestos extraordinariamente precisos y graves", por lo que se declaró "atónito" y preguntó "quién viene después" si "hay una categoría de ciudadanos que no tienen derecho al voto: "las mujeres, las personas Lgtbi, quienes no tengan las ideas adecuadas?", barajó. "Es gravísimo".

El ministro acusó además al Supremo de, al arrojar sospechas sobre una manipulación del censo electoral, "avalar las tesis" de quienes quieren "cuestionar de antemano sin fundamento la credibilidad o la fiabilidad de los procesos electorales".

A su vez, en declaraciones en Córdoba, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, expresó su "absoluta estupefacción", en primer lugar, porque "si al Tribunal Supremo no le parece correcta la aplicación de una ley, lo que tiene que hacer es plantear una cuestión de inconstitucionalidad, y no suspender la aplicación de una ley".

Por otro lado, expuso, como Bustinduy y como él mismo otros días, que "el derecho al voto es inseparable del derecho a la nacionalidad", cuya concesión a los descendientes de exiliados el Supremo no ha impugnado. Finalmente, también como el ministro, Santiago señaló que "lo más preocupante es que el Tribunal Supremo se suma a una campaña de deslegitimación de la democracia" del PP y Vox, que "no reconocen resultados electorales salvo cuando ellos ganan".

Finalmente, en declaraciones en Madrid, la co-coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, imputó al Supremo "un trilerismo para convertir una opinión política en una cuestión técnica o jurídica que no cuela", porque, a su modo de ver, "el Tribunal Supremo está haciendo campaña a favor de las derechas".

"Lo que tienen que dedicarse a hacer los tribunales es a dictar sentencias y a juzgar, no a hacer leyes ni a hacer política", acotó, barruntando que "llevan demasiado tiempo acostumbrados a hacerla". Barbero también señaló, como Santiago, que "el derecho al voto es un derecho constitucional, y, por lo tanto, la actuación del Tribunal Supremo no solo se aleja de sus propias competencias, sino que es inconstitucional".