Así lo reivindicó en el transcurso del encuentro que mantuvo con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para tratar, entre otros temas, la situación de “desprotección” en la que se encuentran las personas que viven en asentamientos sin suministros, como la Cañada Real Galiana, de Madrid, según precisó su gabinete en un comunicado emitido al término de dicha reunión.

Durante la misma, fijaron como “prioridad” que se lleve a cabo una “acción coordinada” para facilitar el acceso al suministro eléctrico en la Cañada Real, una situación que se mantiene desde el año 2020.

A este respecto, el ministro juzgó “imprescindible” la “colaboración” entre “todas las administraciones públicas de Madrid” así como que se adopten “medidas urgentes” para que las viviendas situadas en la Cañada Real “puedan acceder a un suministro eléctrico”.

Según el titular de Derechos Sociales, esta medida es considerada como una solución “prioritaria” para un problema de “carácter humanitario” que se ha “agravado” porque las administraciones con competencias en el asunto “han eludido su obligación de poner en marcha un plan adecuado a las necesidades reales”.

PLANES COORDINADOS

Bustinduy subrayó, además, la “reactivación” del Grupo de Trabajo Interministerial creado en 2021 para así “atajar” la situación y poner en marcha planes “coordinados” que “combinen” soluciones de emergencia “en el corto plazo” y medidas “a medio plazo” para “acabar” con una situación que consideró “inadmisible”.

En la reunión Gabilondo y el ministro abordaron, además, la participación de España en el Examen Nacional Voluntario dentro del marco del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, considerado como “prioritario” dentro de las competencias del Estado en materia de la Agenda 2030, perteneciente al ministerio que dirige Bustinduy.

En este contexto, el responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere contar con la participación en el proceso del Defensor del Pueblo, de acuerdo a su “autonomía y competencia”, al estimar que “tiene una visión global y, a la vez, muy concreta de la aplicación de las políticas públicas y su impacto en la ciudadanía”.

El Ministerio puntualizó que la participación de instituciones nacionales de derechos humanos en estos ejercicios es considerada como buena práctica por la ONU y, según el ministro, “denotaría la importancia” que el Gobierno “da a las dimensiones de derechos humanos en la Agenda 2030 y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030”.

ARTÍCULO 49

En el marco de dicho encuentro también compartieron los “avances” que, a su juicio, “produce” el acuerdo para la reforma del artículo 49 de la Constitución, incluyendo el término discapacidad -personas con discapacidad- y “los derechos efectivos de estas personas y la universalidad del acceso a entornos para su plena autonomía y su inclusión social”, según precisó la oficina de Ángel Gabilondo.

Junto a ello, también trataron asuntos relacionados con las quejas que se reciben en la institución del Defensor del Pueblo que “afectan” a Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

“Singularmente sobre asentamientos sin suministros, especialmente la Cañada Real Galiana de Madrid y las observaciones presentadas el pasado marzo por el Defensor del Pueblo ante el Comité de los Derechos Sociales, así como el vínculo entre derechos humanos y los objetivos de la Agenda 2030”, abundó dicha institución.