Así lo adelantó durante su intervención en el acto ‘Cuidados con derechos. Hacia un nuevo modelo’, celebrado en el Ateneo de Madrid y en el que citó retos como la “valorización, dignidad y derechos” de las cuidadoras, así como la urgencia de ofrecer “un enfoque centrado en las personas, en sus necesidades, vulnerabilidades y deseos, tanto para quienes reciben los cuidados como para quienes los proveen”.

En el transcurso de su alocución, Bustinduy subrayó que el “acto” del cuidado es una cuestión “a la vez noble y necesaria e imprescindible y está llena de sentido”.

“No hay muchos otros ejemplos de un concepto que pueda aunar todos estos valores”, sentenció, convencido de que “harían falta cientos de actos como este para poder poner realmente en valor, valorizar el rol, el papel, la labor de quienes dedican su vida a cuidar", para desempeñar un trabajo que juzgó "noble e imprescindible”.

A este respecto, reconoció que “valorizar el cuidado” es la “tarea más importante y la primera que tiene pendiente” su gabinete, al tiempo que reiteró que se trata de “tareas esenciales para el bienestar de nuestras sociedades”, pese a lo cual han quedado “históricamente relegadas al trabajo no remunerado, a las esferas no monetizadas de la economía”.

“El problema es que no las reconocemos socialmente, no les otorgamos ni el papel, ni el reconocimiento, ni la retribución, ni las condiciones que merecen a pesar de que son absolutamente vitales”, abundó, al tiempo que alertó de que la sociedad actual “se desmoronaría si tuviéramos que prescindir aunque fuera un solo día del trabajo de cuidados que la mantiene en pie”.

En este punto, advirtió de que, con la “redistribución” del trabajo de cuidados, con su “articulación en el mercado laboral formal" las profesiones de cuidados, "lejos de dignificarse y de valorizarse” han “arrastrado todas las desigualdades que ya lastraba el modelo tradicional”.

SITUACIÓN INACEPTABLE

Para el ministro, se trata de una “situación inaceptable desde el punto de vista democrático”, por lo que admitió que el “mandato” de los poderes públicos es “atajar las desigualdades, combatirlas para generar las condiciones de un bienestar y prosperidad compartidas”.

“Y ese mandato se traduce en impulsar una sociedad de cuidados que se articule desde el principio de la sostenibilidad de la vida y del reconocimiento de que sí, somos interdependientes y que cuidar y ser cuidados son cuestiones esenciales, no asuntos individuales, privados o familiares, sino comunes, públicos y colectivos”.

Con esta “premisa”, su departamento está “trabajando” para presentar la estrategia estatal, algo que, a su entender, “no va a ser un camino fácil, ni un cambio de la noche a la mañana”. “Es una senda ardua pero indispensable que parte con una mejora inmediata, con una transformación inmediata de las condiciones laborales de las profesiones de cuidados, que es una obligación de los poderes públicos, de la sociedad y de la democracia, pero que también, además, llevará a una mejor prestación de los apoyos y nos permitirá abordar problemas como el déficit de profesionales que nos va a traer el reto demográfico”, apostilló.

"Si cuidar es tomarse a pecho la vida, nuestro trabajo debe ser poner los cuidados en el centro de la conversación publica, hacer que las condiciones laborales de las trabajadoras de cuidados estén reconocidas no solo en términos salariales sino de valor social”, agregó, para adelantar que "cuidar de quienes nos cuidan y garantizar cuidados con derechos es el objetivo que va a guiar" todas las actuaciones de su ministerio.

DEMOCRACIA, EN DEUDA

En declaraciones previas a la prensa, el responsable de Derechos Sociales aseveró que la democracia está “en deuda” con el sector, dado que el sistema de cuidados “es el que sostiene la vida y hace posible que el país funcione”, pese a lo cual, lamentó, “hay una falta evidente, explicita de valorización del trabajo de cuidados”.

“Esto se expresa en las condiciones salariales que existen en el sector, que son un 40% inferiores a la media salarial, realidad que afecta especialmente a las mujeres, que son quienes asumen este trabajo mayoritariamente”, explicitó, para recordar que un 80% de las trabajadoras del sistema de la dependencia son mujeres, un 40% de ellas migrantes.

En este contexto, reivindicó el "reto de país que supone las necesidades crecientes de cuidados” e hizo hincapié en que “en las próximas semanas” presentará dicha estrategia de cuidados y la reforma de la Ley de Dependencia con el fin de “transformar el modelo”.

“Durante mucho tiempo se ha asumido que invertir en cuidados, en dependencia, significaba construir más residencias, residencias más grandes”, criticó, para manifestar su deseo de “virar hacia un modelo que permita lo que quiere el 90% de la gente en España cuando se les pregunta cómo quiere envejecer”, que es “permanecer en sus domicilios mientras lo deseen y sea posible”.

TRANSFORMAR EL CENTRO DE GRAVEDAD

Esto, para Bustinduy, implica “transformar” el “centro de gravedad” del sistema de cuidados y “apostar” por servicios como los de teleasistencia, atención a domicilio o centros de día y, en definitiva, “generar todo un ecosistema de prácticas y apoyos” que “permitan que la gente permanezca en su entorno, rodeada de las personas que más le importan”.

El ministro confió en que ambas iniciativas “fijarán ese horizonte” y contribuirán a “construir” un sistema público de cuidados que “garantice” que la “atención, apoyo y defensa de una vida autónoma” por parte de los poderes públicos “se erija en un pilar del Estado del bienestar y en un factor de igualación democrática”.

“No puede ser que la calidad de vida de las personas que están en situación de dependencia dependa del patrimonio familiar, la familia en que han nacido o en qué barrio viven”, asumió, consciente de que esta “debe ser una prioridad absoluta de la agenda del Gobierno” a la que “en las próximas semanas” empezará a “darle solución definiendo ese nuevo modelo de cuidados”.

Con todo, el ministro juzgó “evidente” que su departamento no está planteando “una sustitución absoluta” del actual modelo basado en residencias, que, dijo, “hacen falta y van a seguir haciendo falta”, si bien abogó por “ir hacia un modelo que plantee un equilibrio”.

“Durante muchas décadas en España y Europa también se ha asumido que la necesidad de recibir cuidados, que la situación de dependencia requería ingresar en una institución que normalmente está segregada espacialmente, donde se recibe un trato colectivo y donde las personas tienen muchas dificultades para mantener el arraigo y los vínculos con familiares, amigos y vida cotidiana”, denunció, para considerar “evidente” que habrá “casos en los que van a seguir siendo necesarias”.

Según su punto de vista, no se trata de una “sustitución radical”, pero sí de “poner el énfasis en generar todas aquellas condiciones que permiten que las personas permanezcan en sus domicilios y que podamos prolongar el periodo en el que se puede vivir de manera autónoma con unas condiciones de bienestar y dignidad mucho mayores”.

“No se trata de una sustitución radical, se trata de una transición hacia un modelo más humano, que plantea condiciones de más dignidad y mayor bienestar y que, además, responde a una demanda social abrumadora”, resolvió, al tiempo que dijo “esperar” poder contar con el “apoyo” de las fuerzas políticas para “hacer realidad este cambio de modelo” y responder así al deseo de la “inmensa mayoría de la gente en nuestro país”.