Bustinduy realizó este anuncio ante la Comisión para las Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde compareció para explicar las líneas de su departamento en este terreno.

Según detalló, “vamos a trabajar en este plan porque queremos que el público de nuestros museos, bibliotecas y conciertos sea un reflejo de la sociedad en que vivimos”.

Bustinduy agregó que la estrategia también “pondrá en valor las contribuciones de las personas con discapacidad al patrimonio común”, para que “vean reconocidas sus aportaciones como creadores culturales”.

Entre los avances de la pasada legislatura, el ministro se refirió a la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que supuso el fin de las incapacitaciones judiciales y la obligación de garantizar los apoyos individualizados y personalizados para que estas personas tomen sus decisiones de forma autónoma.

Con este objetivo, “estamos trabajando para establecer una propuesta curricular de personas facilitadoras procesales”, avanzó Bustinduy.

Este currículum pretende asegurar la formación de profesionales que velen “por que las personas con discapacidad intelectual puedan comprender plenamente lo que les comunica un juez, un abogado o un fiscal”, explicó.

ACCESIBILIDAD POR LEY

Además, el Ministerio trabaja en un real decreto que regulará el etiquetado en alfabeto braille, a fin de garantizar “la accesibilidad universal de las personas con discapacidad visual a bienes y productos de consumo de especial relevancia”.

Con esta iniciativa, "queremos asegurar que una actividad como realizar la compra no comprometa la seguridad de las personas ciegas”, declaró Bustinduy. Según apuntó, “todas estas iniciativas ponen de manifiesto el compromiso de este Ministerio con la accesibilidad”, que “no solo es una cuestión de prioridades, sino de acatar la ley”.

En este sentido, citó el nuevo artículo 49 de la Constitución, que recoge que “los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles”.

“Este mandato nos emplaza a emprender una reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia”, resaltó, “con el fin de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos”.

FEMINISMO

De nuevo, el ministro se refirió al artículo 49, donde se especifica que “se atenderán particularmente las necesidades de las mujeres y los menores con discapacidad”. A su juicio, “no hay política social, mucho menos política de discapacidad, sin enfoque feminista”.

Por ello, el Ministerio desarrollará un plan específico para promover los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, que “servirá de ruta para abordar y revertir la doble discriminación a la que se enfrentan”.

Avanzó que, en colaboración con el Instituto de las Mujeres, el Ministerio pondrá en marcha una macroencuesta sobre violencias hacia mujeres y niñas con discapacidad, y mencionó el informe de la Fundación ONCE que indicaba que un 40,4% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género. Según sus resultados, “la violencia machista muestra especial prevalencia entre las mujeres con discapacidad frente a las que no la tienen, con una diferencia de hasta 8 puntos porcentuales”.

En su opinión, “estos datos inaceptables resaltan la pertinencia de realizar una macroencuesta de estas características”, que nos permitirán además “identificar otras formas de violencia más allá de la que se produce en la pareja, en función también de variables como el tipo de discapacidad, la institucionalización, el entorno familiar y las condiciones socioeconómicas”.

DEPENDENCIA

El ministro reiteró que se articulará “un nuevo ecosistema de apoyos que aspira a dar respuesta a las necesidades, pero también a los deseos y preferencias, de las personas que requieren cuidados en su entorno cercano”.

Con este objetivo, se comprometió a sacar adelante la reforma de la Ley de Dependencia y a regular la figura del asistente personal.

Ambos avances serán “hitos del nuevo modelo del sistema de cuidados", señaló, que pone en el centro la promoción de la autonomía personal.

Aseguró que este se verá reforzado por la primera Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, que Bustinduy pretende llevar al consejo de Ministros antes del verano.