Así lo anunció durante su primera intervención como titular de una cartera que recibió de manos de la exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el exministro de Consumo, Alberto Garzón.

En el transcurso de su alocución, prometió “profundizar, con el sector de la discapacidad”, en la “promoción integral” así como en la “plena protección de sus derechos”. “Empezando por la reforma del artículo 49 de la Constitución”, dijo, en referencia a la eliminación del término “disminuidos” de la Carta Magna para sustituirlo por el de "personas con discapacidad".

En paralelo, avanzó que, junto a las profesionales del trabajo social, la educación social y la psicología, su departamento “planteará” la aprobación de la “primera ley estatal de servicios sociales” con el fin de “asegurar así la igualdad efectiva” en el acceso a un servicio publico que juzgó “fundamental”.

Bustinduy admitió que para él “es un honor coger el testigo” de Belarra y Garzón y quiso mostrar su “agradecimiento” tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por la “confianza depositada” en él para dirigir este departamento.

AVANCES QUE PERDUREN

“Asumo esta responsabilidad siendo consciente de que nuestro tiempo en las instituciones ha de ser breve, pero los avances que logremos en ellas deben perdurar”, abundó, convencido de que el “escudo social” desplegado para “combatir” la pandemia, en el que el Ministerio “desempeñó un papel protagonista”, pasará "a la historia” como el “punto de inflexión que permitió una recuperación justa e inclusiva”.

A este respecto defendió que el “desafío” que el Gobierno “tiene por delante” es que “ese esfuerzo extraordinario” sea “un primer paso para la reconfiguración plena de nuestro Estado del bienestar” y con el fin de “transitar definitivamente de un paradigma asistencial a una concepción expansiva, orgánica y universal de los derechos sociales” entendidos como “pilar fundamental de la sociedad democrática y de la identidad como país”.

Una “parte fundamental” de su desempeño consistirá en “ahondar” en la agenda de sus predecesores y, en “estrecha colaboración” con los colectivos sociales que, dijo, “defienden día a día estos derechos”, trabajará con los distintos colectivos familiares que, con la aprobación de la Ley de familias “preparada por la ministra saliente”, verán “garantizado” el pleno reconocimiento jurídico de la diversidad familiar existente en el país y la "mejora de la protección social que merecen".

“Con las personas mayores, trabajaremos para afianzar un nuevo modelo de cuidados priorizando la atención domiciliaria y el entorno comunitario, como va a plantear la estrategia estatal de desinstitucionalización”, abundó, para agregar que, junto a los agentes sociales, su gabinete continuará trabajando desde la Mesa de Diálogo Social de Dependencia en la “mejora definitiva del sistema y de las condiciones laborales del sector”.

DEPENDENCIA

Con el Tercer Sector de Acción Social se comprometió a “asegurar” el cumplimiento del “importante acuerdo marco” que Belarra firmó la anterior legislatura y con las comunidades autónomas y las entidades locales proseguirá la “intensa senda de acuerdos logrados en estos años" en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En paralelo, aseveró que, junto a las asociaciones de defensa y protección de los derechos y el bienestar de los animales, trabajará en los desarrollos reglamentarios de la ley y con las asociaciones de consumidores y usuarios seguirá “avanzando” hacia un modelo de consumo “más seguro, saludable y sostenible” siempre “priorizando” la “defensa” de quienes estén en situación de “vulnerabilidad” así como “ensanchando” el campo legal e institucional de la protección de los consumidores y “actuando de manera decidida frente a fraudes y prácticas ilegales”.

Junto a ello se comprometió a trabajar “lealmente” con el resto de ministerios en iniciativas contempladas en el acuerdo de Gobierno, entre las que destacó la “reforma en profundidad” del IMV para “asegurar su eficacia” como prestación social y el “cumplimiento pleno de sus objetivos", además de en la “extensión” de los permisos de maternidad y paternidad, la remuneración del permiso parental de cuidados y el “avance” hacia la “universalización” de la protección social de la crianza.

La “ampliación” del bono social eléctrico y una “protección reforzada” frente a desahucios y lanzamientos, el “refuerzo” de los servicios sociales como “espacios de detección precoz” de la violencia de género y el desarrollo de una estrategia nacional para la soledad no deseada se encuentran también entre los “muchísimos temas” en torno a los cuales agradeció “especialmente” a los equipos salientes que “hayan dejado tan avanzados”.

"PUNTO DE PARTIDA"

Tras puntualizar que estos son “solo algunos de los retos que recoge el acuerdo de Gobierno” y que asume como “un punto de partida para la acción de este Ministerio en los próximos cuatro años", advirtió de que, “en el trasfondo” está el “objetivo” de “propulsar un despliegue pleno y emancipador del Estado del bienestar en España y superar definitivamente una concepción fragmentaria y limitada de la protección social”.

“Soy consciente de que enfrentamos este desafío en un tiempo de grandes transformaciones. A la emergencia climática se añaden múltiples crisis relacionadas, sanitarias, económicas, de seguridad, medioambientales, que van multiplicando la inestabilidad, la desigualdad y la vulnerabilidad de nuestras sociedades”, agregó.

En su primera intervención como nuevo titular de Derechos Sociales, Bustinduy reivindicó esta área no solo para “mitigar, compensar o contener daños”, sino para “fundar un horizonte colectivo de certidumbre y seguridad”, convencido de la necesidad de “restablecer el cuidado de la vida como un bien público esencial para el funcionamiento de nuestras sociedades” así como de "demostrar” que la “ampliación” de los derechos sociales “es el fundamento de una idea de prosperidad distinta, que debe servir no solo para garantizar la transición ecológica justa sino también para proporcionar confianza y esperanza al conjunto de la ciudadanía”.

En este contexto, la “idea fuerza” que, según su titular, “vertebrará” la acción del Ministerio será la de “entender la profundización de los derechos sociales como una condición básica de la democracia y de nuestra identidad como país”, convencido de que su actuación será “decisiva” en la lucha contra la “exclusión social, la desigualdad y por la dignificación de los cuidados de la vida”.

AGENDA SOCIAL EXTENSA Y AMBICIOSA

En su agenda social, que consideró “extensa, firme, profunda y ambiciosa”, también abogó “enérgicamente” por el desarrollo de una Europa “social, hoy descuidada” y por alcanzar los compromisos expresados en la Agenda 2030, de cuyo cumplimiento, a su juicio, “España debe ser ejemplo y referente internacional”, y adelantó que dedicará “todos” sus “esfuerzos” a “construir una democracia más justa y mejor para todos”.

En este punto, quiso “saltarse el protocolo” para “agradecer de manera muy especial” su labor al exsecretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, a quien definió como “uno de los economistas más brillantes” que ha “conocido nunca”.

Por su parte, la ministra saliente de Derechos Sociales, Ione Belarra, quiso trasladar sus “gracias de todo corazón” a quienes, como el propio Álvarez, le han “acompañado en esta aventura” con recursos “muy limitados” y deseó “toda la suerte y acierto” a Bustinduy, así como a la nueva ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en esta tarea "ingente” que tienen por delante, convencida de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha hecho mucho, pero queda muchísimo por hacer”, pese a que ha “conseguido hacer más en tres años de trabajo que en las 20 décadas anteriores”.

De entre las “muchas cosas” conseguidas en su ámbito de actuación durante su mandato, valoró la “erradicación definitiva” de la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad, si bien una “espinita” que tiene “clavada” es no haber logrado la universalización de la ayuda por hijo a cargo, equiparar a las familias monomarentales con las numerosas o “doblar” el permiso de maternidad de las mujeres que crían solas.

Por último, el exministro de Consumo saliente, Alberto Garzón, se mostró “orgulloso del trabajo realizado para hacer de España un lugar mejor”, con ejemplos como la restricción de la publicidad de casas de apuestas, que calificó de “lacra importantísima especialmente para la población más joven”, o su lucha por combatir la actual "crisis ecosocial".

Finalmente, agradeció a Bustinduy el haber querido “asumir esta responsabilidad” y destacó de él su “brillantez y lucidez”, al tiempo que se mostró “convencido” de que su “conocimiento, lucidez, bagaje y visión nos va a dar muchas alegrías y satisfacciones” y de que va a hacer de España “un lugar mejor”.