Así lo precisó su gabinete en un comunicado en el que explicó que, en concreto, se trata de afectados por viviendas de la Casa de Alba, de la Obra Social La Caixa adquiridas por un fondo de inversión, viviendas de la Fundación Fusara, y una inquilina particular.

En cuanto a los bloques de la Casa de Alba en Madrid, afectan a varios edificios residenciales propiedad de la Casa de Alba (aproximadamente 75 viviendas). Las familias, muchas con décadas de residencia allí, denuncian la no renovación de sus contratos y temen una “reorientación especulativa”, como pisos turísticos o de temporada, ya que, según el ministerio, “no se les ofrece la opción de continuar ni siquiera asumiendo subidas de alquiler” y “decenas de ellas han solicitado la prórroga para poder continuar viviendo en sus hogares”.

Por lo que respecta a las viviendas de la antigua Obra Social de La Caixa en Vallecas, afecta a varios bloques construidos como vivienda protegida en los años 2000. Tras la integración de Bankia y La Caixa en Caixabank en 2021 desapareció el programa alquiler asequible y las propiedades fueron adquiridas por un fondo de inversión.

“Desde entonces las familias denuncian presiones para abandonar sus hogares y se han enfrentado subidas de alquiler y no renovaciones de contratos, provocando desalojos progresivos para sacar las viviendas a precio de mercado. Muchos han solicitado la prórroga para permanecer en sus casas”, aseveró el ministerio.

MÁS CASOS

En relación a las viviendas de la Fundación Fusara, se trata de la venta de 13 edificios en Madrid, hasta ahora vinculados a vivienda asequible de la Iglesia, a inversores privados.

“Tras la operación, las familias sostienen que el objetivo es destinar los inmuebles hacia otros usos más rentables, como los pisos turísticos o contratos de temporada, y denuncian presiones para abandonar sus viviendas, subidas de precios y dificultades para acogerse a prórrogas o renovar sus contratos. Todos los vecinos, excepto los que tenían contratos de renta antigua, han solicitado la prórroga de los alquileres”, apostilló.

Por último, en la reunión con Bustinduy también participó una inquilina particular que pertenece a una familia con dos hijos que reside desde 2011 en un edificio de Madrid.

“Lleva años encadenando contratos en distintos pisos del mismo inmueble. Ante el fin de su contrato, y pese a la incertidumbre inicial y las reticencias de la propiedad, gracias a la prórroga han podido renegociar un nuevo contrato con una subida asumible por la familia”, denunció el ministerio.