En su intervención, Bustinduy subrayó que se trata de “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”. Asimismo, defendió que “la refundación de nuestro sistema público de cuidados, la construcción de un verdadero sistema público universal de ciudadanía llamado a cubrir las necesidades crecientes de nuestra sociedad en este ámbito, supone la mayor expansión de nuestro Estado del bienestar en décadas”.

A su entender, la convalidación del real decreto-ley de financiación y la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia “son piedras angulares de la que es la mayor reforma social que nuestro país ha visto en décadas”. “La refundación de un sistema público de cuidados fuerte, capaz de atender las necesidades crecientes de nuestra población y cercano”, abundó, para indicar que “lo esencial, lo central de cualquier servicio público no deben ser las cuestiones logísticas ni organizativas, ni la gestión de los costes, sino las necesidades de las personas que los integran”.

Por esta razón, el Gobierno propone “una transformación profunda del sistema que responda a las necesidades, tanto de las personas que reciben cuidados, como de quienes les cuidan, poniendo su autonomía, sus preferencias y sus deseos por delante".

“Porque es nuestro sistema de cuidados el que debe adaptarse a la realidad social de las personas con discapacidad y dependencia y no al revés, como ha venido siendo hasta ahora”, abundó, al tiempo que admitió que el sistema de la dependencia en España “ha venido lastrado casi desde su despegue, desde su fundación, por las consecuencias de la política fiscal y la infrafinanciación estructural de la década de la austeridad”.

MÁS RECURSOS PARA CUIDAR

En este contexto, aseveró que “el desafío al que se enfrenta nuestro sistema de cuidados es triple”, como es la urgencia de “transformar su concepción, sus objetivos y su funcionamiento, garantizar una financiación suficiente y hacerlo sabiendo que cada vez más personas se van a incorporar al sistema, tanto para dar cuidados y apoyos como para recibirlos”.

En cuanto a la financiación, reivindicó el “esfuerzo inédito, importantísimo para poder mejorar el sistema por medio de distintos instrumentos”, como el plan de choque de 2021, el real decreto ley de financiación extraordinaria para la aplicación de la ley ELA, al que se une el decreto a debate en este pleno, que, a su juicio, derivará en un “cambio estructural y permanente en la financiación del sistema”.

“Vamos a duplicar la financiación por parte de la Administración General del Estado al sistema de cuidados, alcanzando ya este año los 5.513 millones de euros y el año que viene superando los 7.200 millones”, defendió, controponiendo esta política a la desarrollada por el PP “en la década ominosa de los recortes”.

Por el contrario, el Gobierno hará “por la vía de los hechos que la aportación estatal alcance el 50% respecto al gasto certificado por las comunidades autónomas” en el marco de una financiación que “es estructural, es suficiente y supone el cumplimiento del compromiso político” del Gobierno de coalición.

LA FINANCIACIÓN POR DELANTE

“Poniendo esta financiación por delante, cumpliendo también el compromiso de hacerlo, sentamos las condiciones para poder aprobar la refundación normativa de nuestro sistema de dependencia y la aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia”, aseveró, convencido de que “votar hoy que sí a las nuevas leyes de dependencia y discapacidad implica que millones de familias en este país van a despertar con nuevos derechos reconocidos, como el derecho a la teleasistencia o a la accesibilidad universal”.

“Es decir, sí a no encontrarse barreras institucionales, cognitivas, físicas para poder vivir de forma plena y autónoma y que van a poder exigirlo cuando se les vulnere ese derecho”, agregó, convencido de que, con su aprobación, “una persona a quien se le reconozca un grado de dependencia no va a tener que hacer más papeleo ni trámites burocráticos adicionales para acceder también al reconocimiento del nivel de discapacidad que le corresponda, con una pasarela de asimilación directa sin cargas administrativas adicionales”.

A su vez, indicó que “votar sí es que cualquier persona con discapacidad tenga al fin garantizada la tutela judicial efectiva, creando el derecho a un facilitador judicial que impida inequidades en los procesos judiciales por razón de discapacidad”.

“Votar sí es también que a las personas cercanas, aunque no sean familiares directos, que se encargan de cuidar y apoyar a una persona en situación de dependencia, se les reconozca su labor, haciendo que al fin puedan tener también derecho a la prestación económica por cuidados”.

En paralelo, deslizó que aprobar la reforma es “votar sí a hacer posible modelos de viviendas asistidas, de la implantación de la domótica, de crear un banco de productos de apoyo, de crear un fondo estatal de accesibilidad para sufragar las obras que sean necesarias en los espacios públicos y en los lugares representativos de nuestro patrimonio nacional”.

MÁS DERECHOS

“Es votar sí al derecho subjetivo a la atención temprana, a los nuevos modelos de cuidados comunitarios, a mejorar la ayuda a domicilio para que no se quede encerrada en un hogar y pueda servir para ir al médico o para hacer la compra”, apostilló, haciendo hincapié también en la compatibilidad entre prestaciones, en que la asistencia personal pase a ser un servicio.

Bustinduy destacó, además, que “votar sí, en definitiva, no es una cuestión partidista, no es un sucedáneo o un significante de otros debates, no es un capítulo más de enfrentamientos que tienen lugar de manera cotidiana en esta arena política”.

“Votar sí es darle una vida mejor a millones de personas en nuestro país, potencialmente a todos y a todas, y no existirá excusa ni disimulo posible para darle la espalda a esta ampliación extraordinaria de los derechos de ciudadanía en nuestro país”, resolvió.

Junto a ello, quiso aprovechar para “reconocer y agradecer la labor del movimiento de la discapacidad y la organización social de las personas mayores por el papel que han desempeñado en este proceso” e hizo un “llamamiento explícito” a todos los grupos parlamentarios para que “den su apoyo y voten sí al decreto ley de financiación del sistema de la dependencia y a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad”.

Por último, recordó que “esto es un avance incuestionable, que traduce un enorme consenso social en nuestro país, absolutamente transversal”. “Ojalá la votación parlamentaria en este Congreso refleje ese consenso de la sociedad española. Ojalá esta cámara hoy se parezca al país al que representa”, concluyó.

Por último, indicó que, durante el primer Gobierno de coalición la Administración General del Estado “financiaba el 18% del gasto en dependencia y, cuando empezó esta legislatura, ese porcentaje estaba en el 28%, cuando termine, estará en el 50%”.

A PP y Vox les espetó “qué grande les queda a España y la palabra patria” y les invitó a trabajar para “llevar adelante el principal desafío que tiene el Estado social y, por tanto, la democracia en nuestro país a futuro”, convencido de que “hoy tenemos una gran oportunidad para transformar este país ahora y para las décadas que vienen”.