Así lo reivindicó durante su intervención en la inauguración del acto 'Tus derechos no se rebajan, se defienden', en conmemoración por el Dia de las Personas Consumidoras y en el que juzgó “absolutamente fundamental” que “seamos capaces de plasmar” el cambio de paradigma en el enfoque de las políticas públicas de protección a las personas consumidoras que “realmente sea capaz de asegurar que los consumidores más vulnerables ven garantizado el libre ejercicio de esos derechos”.

En su alocución, Bustinduy advirtió de que, en “momentos como los que estamos viviendo actualmente vemos lo importante que es contar con políticas públicas que puedan garantizar el libre ejercicio de los derechos constitucionales, independientemente de cuáles sean las dinámicas o las coyunturas que rigen esa lógica de mercado”.

“Es evidente que estamos en un momento donde se acumulan los desafíos y que el desarrollo tecnológico nos puede conducir a una situación de indefensión reforzada para los consumidores más vulnerables”, abundó, convencido de la importancia de desarrollar paradigmas de políticas públicas que “puedan asegurar nada más y nada menos la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades”.

A este respecto, puntualizó que, mientras se “superponen” en el mundo los “factores que desestabilizan la misma concepción del orden internacional, del rol de los poderes públicos, de las perspectivas de desarrollo económico y social para nuestras democracias” resulta “absolutamente fundamental” ser “capaces de plasmar ese cambio de paradigma” en un escudo social que “realmente sea capaz de asegurar que los consumidores más vulnerables ven garantizado el libre ejercicio de esos derechos”.

IRÁN

En este sentido, incidió en que, entre las medidas que el Gobierno presentará esta semana de “protección” a los consumidores y a las familias trabajadoras en este país respecto a las consecuencias económicas que ha generado la guerra “ilegal” en Irán hay “una serie de prioridades que están bien claras”.

Así, ve “absolutamente imprescindible” recuperar un escudo energético que pueda “proteger” a las familias y a los consumidores más vulnerables respecto a los “efectos inmediatos traídos por esta situación” así como una “intervención decidida” en materia de vivienda.

En paralelo, defendió que estas medidas deben salir adelante “acompañadas” de un “cambio de paradigma” que “no solo actúe por medio de la política fiscal para poder amortiguar y acolchar algunas de las tensiones más evidentes en la formación de precios en el ámbito energético”. “También debemos avanzar hacia una regulación de los márgenes de beneficio por parte de las grandes corporaciones para asegurarnos que las medidas de política fiscal realmente lleguen a sus destinatarios y que una situación de shock como la que estamos empezando a atravesar no se convierta en una oportunidad para realizar beneficios extraordinarios”, insistió.

Por último, hizo hincapié en que las “profundas” transformaciones tecnológicas “unidas a la incertidumbre y los shocks geopolíticos que se superponen en el tiempo” suponen “un formidable desafío para nuestras democracias”, por lo que llamó a “romper con ese corsé ideológico” según el cual “existe una separación entre la vida económica y las relaciones económicas cotidianas y la vida política”.

“La democracia, para poderse defender y reforzar, debe llegar a las relaciones económicas”, aseveró, al tiempo que reflexionó que eso “empieza por cuestiones bien sencillas”, como “asegurar” que los derechos de las personas consumidoras se vean “reforzados y protegidos de manera especial en este tiempo”.

Junto a ello, defendió que, “frente a todos los desarrollos tecnológicos, contemos con herramientas suficientes por parte de los poderes públicos para poder asegurar que no se producen situaciones de asimetría reforzada o de abuso que, al final, repercuten en unas condiciones de vulnerabilidad mayor”.