Así lo reivindicó en su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que afirmó que es “un día importantísimo para la política social de este país”, convencido de que “va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra política social” y de que “el 14 de julio de 2026 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados”.

“Es difícil poner en perspectiva la importancia y la profundidad de los cambios en nuestro sistema de protección social que se van a votar esta misma tarde en el Congreso de los Diputados”, abundó, al tiempo que defendió que “es algo comparable a lo que en el siglo XX sucedió con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público de sanidad o del sistema educativo”.

En este punto, subrayó que “construir los mecanismos para que el Estado del bienestar, el Estado social abarque la cuestión de los cuidados y lo haga desde una perspectiva de derechos de ciudadanía, desde un sistema público y universal” es “el gran desafío que tienen nuestras sociedades por delante”.

“Me atrevería a decir que no hay muchos precedentes en las últimas décadas en la historia de la política social de este país de un esfuerzo de tal ambición y de tal envergadura. Y me atrevería a decir también que hoy en día hay muy pocos países en el mundo que se estén planteando emprender reformas sociales de tal magnitud y de tal calado como las que se van a votar esta tarde en el Congreso”, apostilló.

OBJETIVO

En este contexto, hizo hincapié que el objetivo es “transitar” de un sistema de la dependencia “marcado por la precariedad, por la infrafinanciación y por un modelo centrado en la construcción de grandes centros residenciales que, además, a menudo están ubicados fuera de nuestras ciudades y que neutralizan la capacidad de autonomía de las personas mayores o en situación de dependencia” hacia un modelo de “derechos de ciudadanía” que permita “generar los apoyos y soportes necesarios” para que las personas “puedan envejecer en sus domicilios, en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades en condiciones de autonomía y con el mayor bienestar posible”.

En este sentido, señaló que esta tarde, en la convalidación del decreto ley de financiación de la dependencia, el Congreso de los Diputados se va a “posicionar” también sobre la inversión de 6.200 millones de euros en lo que queda del año 26 y el año 27 para “hacer posible la refundación del sistema que implica las nuevas leyes de dependencia y discapacidad”.

Además, esas leyes incorporan el “blindaje” de la financiación por parte de la Administración General del Estado de tal manera que el “compromiso político” que figuraba en el acuerdo de Gobierno de alcanzar el 50% de la contribución a la financiación de la dependencia por parte del Gobierno, cosa que, con estos 6.200 millones de euros, “conseguiremos el año que viene”, según sus cálculos, dado que la ley va a recoger la obligación para la Administración General del Estado de financiar ese 50%.

“Vamos a blindar en la ley la responsabilidad de la Administración General del Estado para hacer viable este nuevo sistema de cuidados”, apostilló, al tiempo que subrayó que, “como palanca, como instrumento, como parte de ese esfuerzo de financiación” el Consejo de Ministros aprobó este martes una partida “histórica” de 904 millones de euros para transferir a las comunidades autónomas en concepto del nivel mínimo de la dependencia.

CRITERIOS

En este contexto, advirtió de que la financiación del nivel acordado está “supeditada al cumplimiento de determinados criterios” como la reducción de las listas de espera, de los tiempos de espera o las condiciones laborales en el sector e incorpora además una cláusula por la cual, si una comunidad autónoma merma o reduce su financiación de la dependencia, “también recibe menos por parte de la Administración General del Estado”.

“Es decir, por cada euro que una comunidad autónoma detraiga de su contribución a la dependencia, recibirá un euro menos por parte de la Administración General del Estado”, aseveró, al tiempo que explicó que es una cuantía que se transfiere “por cada usuario y prestación en el sistema” y es “finalista” y va a la provisión de servicios y prestaciones a la ciudadanía.

En paralelo, hizo hincapié en que, mediante este “esfuerzo”, los 904 millones de euros del nivel acordado y la convalidación del decreto ley que se someterá a votación esta tarde en el Congreso, “alcanzaremos la cifra inédita, histórica, de 5.513 millones de euros este año y de 7.239 millones de euros el año que viene”, recursos que, a su juicio, “van a hacer posible esa refundación del sistema que se vota esta tarde en el Congreso”.

APOYO

Por ello, reiteró su “llamamiento a todos los grupos políticos” del Congreso de los Diputados para que “apoyen” la convalidación del decreto ley de financiación de la dependencia y las nuevas leyes de dependencia y discapacidad, “para que estén a la altura del inmenso consenso social que las ha empujado y que las ha hecho posibles”.

Un consenso social que, a su entender, “hizo posible” la reforma del artículo 49 de la Constitución, la adopción de la ley ELA o la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado y resaltó que “ningún actor político perdió nada por sumarse a esos consensos, al revés, se hizo partícipe de un éxito y un logro y una conquista de país”.

“Yo reitero una vez más el llamamiento a todos los grupos políticos para que voten a favor de la financiación y de la refundación del modelo de cuidados en España y, por tanto, que salgan adelante por unanimidad”, abundó, convencido de que “cualquier otra postura de voto esta tarde sería absolutamente incomprensible para sus propios votantes”.

Por último, avanzó que, en la Cámara Baja, va a “defender con mucho orgullo y con también mucha alegría, porque es un día histórico para la política social de este país” tanto la aprobación de una financiación “sin precedentes, histórica” como la “refundación” del sistema de cuidados con las nuevas leyes de dependencia y discapacidad.