Así lo advirtió durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a la pregunta del senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta sobre la importación de productos procedentes de territorios ocupados.

En el transcurso de su alocución, Bustinduy explicó que ya el pasado mes de octubre su departamento envió una nota informativa sobre el etiquetado de productos alimenticios provenientes de Palestina, “recordando” a las empresas destinatarias que, de acuerdo a la norma interpretativa de la Comisión Europea y a la jurisprudencia en vigor, los productos procedentes de los territorios “ilegalmente ocupados” por Israel “deben etiquetarse como procedentes de asentamientos israelíes y no como productos de Israel”.

“Esto es jurisprudencia europea y es un mínimo absoluto”, agregó, al tiempo que subrayó que su gabinete trata así de “garantizar” el “derecho” de los consumidores a recibir información “veraz” y a “no ser inducidos a error cuando están comprando productos”.

A este respecto, en el marco de las competencias de su departamento, Bustinduy quiso “asegurar” al senador que “cada denuncia de estas prácticas va a ser investigada” y que, “por supuesto”, en “coordinación” con las comunidades autónomas, “esta cuestión va a ser supervisada en el marco de las campañas de vigilancia del mercado de alimentos”.

ACTUACIÓN FIRME

“Esta actuación será firme, pero, de nuevo, es, evidentemente, limitada”, abundó, al tiempo que indicó que, por esa razón, el Gobierno de España, junto al gobierno irlandés, ha “pedido en reiteradas ocasiones” la “revisión” del acuerdo comercial de la Unión Europea con Israel en aplicación de las cláusulas de derechos humanos.

En este punto, se mostró convencido de que “es incomprensible e inaceptable, y ahora que se habla tanto de los principios y de las reglas del comercio internacional", que Europa "siga comerciando como si nada” con Israel. “Con un Estado que, según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y las instrucciones de la Corte Internacional de Justicia, es responsable de un genocidio continuado y de innumerables crímenes de guerra”, precisó.

En este sentido, admitió que tiene “muy presente que todo es insuficiente” frente a un “genocidio” que, lamentó, “marcará para siempre nuestro tiempo”. “Y lo tengo presente cuando recuerdo que este Gobierno ha reconocido oficialmente el Estado palestino, ha hecho contribuciones extraordinarias a las investigaciones de la Corte Penal Internacional, también a la Unrwa; ha apoyado la demanda sudafricana por genocidio y la imposición de sanciones a las violencias cometidas por colonos israelíes en Cisjordania y lo tenemos muy presente cuando exigimos que incremente la presión política, económica y comercial para poner fin no solo al genocidio en Gaza, sino al régimen de apartheid y a la ocupación ilegal de Palestina”, sentenció.

En este contexto, reivindicó que “hablar del papel de Europa en el mundo”, así como de autonomía, seguridad o defensa del orden multilateral “no tiene sentido mientras continúa impune la masacre en Palestina”.

“Porque es el derecho internacional, es el orden internacional mismo el que queda hecho pedazos en la franja de Gaza”, apostilló, al tiempo que criticó la “impunidad insoportable de los responsables de este genocidio y también la de quienes les apoyan y les jalean en Europa y en España”.

Por todo ello, avanzó que, “contra unos y otros, contra el signo de los tiempos si hace falta”, va a “seguir defendiendo” que “no habrá seguridad sin democracia, ni paz sin derechos humanos” y que los “responsables de crímenes de guerra deben rendir cuentas ante un tribunal internacional”.

Por su parte, el senador aseveró que “se puede hacer mucho más” y estimó, por ejemplo, que el Estado puede "reforzar jurídicamente" las "obligaciones" de las empresas mediante normativa interna que "expresamente obligue a un etiquetado diferenciado" y podría imponer mecanismos de control y sanción "más estrictos para garantizar el cumplimiento de esta medida”, al tiempo que abogó por la prohibición de adquisición de bienes o servicios provenientes de territorios ocupados por parte, al menos, de la administración pública.