Caamaño hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en el Congreso, al término de su participación en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, donde respondió a una pregunta sobre el acuerdo alcanzado por su Ministerio con las asociaciones judiciales y el resto de formaciones políticas para la mejora del sistema.

El ministro se felicitó del consenso, que fue imposible con el anterior ministro, Mariano Fernández Bermejo, y destacó que todo el trabajo realizado durante los últimos meses "ha fructificado" en un acuerdo que mejorará las condiciones laborales de los magistrados y permitirá poner en marcha la nueva Oficina Judicial.

Como novedad, Caamaño destacó que el señalamiento de los juicios quedará en manos de los secretarios judiciales, que serán los "directores" de la nueva oficina. Sin embargo, resaltó que se ha introducido una modificación para que "los jueces puedan marcar ciertos ritmos" en el trabajo de la oficina en coordinación con los secretarios.

Relató que "la solución pactada es que exista una agenda programada (fijada por los secretarios judiciales) con arreglo a los criterios de los jueces por la complejidad de los asuntos" que instruyen y juzgan los propios magistrados.

El ministro manifestó también que la reforma introduce matizaciones sobre el principio de jurisdicción universal pero afirmó que este cambio "no pretende limitar" su aplicación, ya que considera que los países con un Estado de Derecho asentado deben ser "solidarios" con aquellas naciones donde no se protegen los derechos fundamentales y perseguir los delitos que sean punibles.

No obstante, la reformada pactada por PSOE y PP sobre el principio de jurisdicción universal establece que los tribunales españoles sólo podrán actuar en aquellos delitos cometidos en el extranjero donde haya víctimas españolas o cuando los responsables estén residiendo en la actualidad en España.