Según la compañía, la revisión de la solicitud de licencias presentada por su sociedad Maxi Mobility “puede impulsar la oferta de alternativas de movilidad sostenibles y accesibles a su disposición y ayudar a cubrir la demanda desatendida en las ciudades”.

Además, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya dictó una sentencia en junio del año pasado que señalaba que la regulación en España debía responder al interés general por encima de intereses particulares, y que no se podía aprobar regulaciones defendiendo los intereses económicos de un sector en detrimento de los de otro.

A este respecto, señala que “las VTC, al igual que otras alternativas de movilidad compartida, contribuyen a una buena gestión del transporte urbano y de la movilidad en su conjunto, reduciendo la dependencia del coche particular y aportando soluciones sostenibles a ciudadanos, visitantes y empresas”.

La sentencia del Tribunal Supremo, en aplicación de la jurisprudencia del TJUE, da la razón a la sociedad del grupo Cabify respecto de las "injusticias" regulatorias en torno al sector VTC que se han ido sucediendo bajo el paraguas del ratio de 1 VTC por cada 30 taxis, entre otros preceptos que consideró contrarios al derecho europeo.

Cabify asegura que “siempre ha trabajado y trabajará para defender el sector de la movilidad urbana y seguirá en esta línea, fortaleciendo además la relación con sus flotas colaboradoras”.

Por último, valora que la Comunidad de Madrid ha sido una de las regiones que mayores garantías jurídicas ha establecido en todo lo relativo al transporte de viajeros con conductor durante los últimos años en contraposición con otros territorios, que todavía mantienen en vigor normas contrarias al derecho europeo y al interés general.