Estas son algunas de las conclusiones del XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado este lunes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y según el cual “se está abandonando sin atenciones a las 296.431 personas que están a la espera de un procedimiento” y se “mantienen” las “desigualdades” entre territorios, con Castilla La Mancha y Castilla y León alcanzando en la Escala del Observatorio la “mayor puntuación” (8,3) y Cataluña y Murcia, la menor (1,7).

La entidad recordó que en 2021 el Ministerio de Derechos Sociales aprobó un Plan de Choque con un incremento “importante” de la financiación estatal al Sistema de la Atención a la Dependencia, de más de 600 millones anuales, para “superar algunos de los problemas más graves” del mismo, entre los que citó la reducción de las “abultadas” listas de espera, los tiempos “tan largos” en la resolución y la “escasa” cuantía o intensidad de sus prestaciones y servicios.

“Como resultado, en los tres últimos años han aumentado en 287.636 las personas atendidas del Sistema de la Dependencia y se han alcanzado un total de 1.567.107 personas con derecho a prestación al finalizar 2023”, reconoció, si bien advirtió de que el incremento de financiación estatal acumulado entre 2020 y 2023, que asciende a 3.793 millones de euros, “ha tenido un impacto mucho menor de lo esperado en la mejora del sistema” y de que esos casi 4.000 millones extra “no se ven reflejados en una mejora substancial de la atención a la dependencia”.

En este contexto, subrayó que el Plan de Choque marcaba como objetivo reducir en 2021 el “limbo” de la dependencia hasta el 12,7%, si bien “no ha sido hasta dos años después cuando se ha logrado”.

“Aún había 179.244 en espera de recibir la prestación o servicio y 117.181 esperando ser valoradas al finalizar 2023”, abundó, para resaltar que se ha “logrado reducir el limbo de la dependencia en dos puntos, pasando de 13,4% a 11,4%”, si bien dicha reducción se ha debido a un “ajuste estadístico” realizado en noviembre por Cataluña, donde “desaparecieron” del “limbo” 25.296 personas y la reducción del mismo al terminar 2023 fue de 21.008 personas.

TIEMPO DE TRAMITACIÓN

Por lo que respecta al tiempo de tramitación, según los cálculos de la asociación, 324 días es la media de tramitación de un expediente de dependencia, 97 días menos que en 2020. En Canarias, con 647 días; Andalucía, con 557; Murcia, con 509 y Galicia, con 362, se superan los 12 meses y sólo Navarra, con 178; Cantabria, con 173; País Vasco, con 140; Castilla y León, con 127 y Ceuta, con 68, están “por debajo” de los seis meses que estable la ley.

“Los servicios de bajo coste y las escasas cuantías de las prestaciones económicas siguen siendo la tónica general del sistema, sin que se perciba una mejora substancial a partir del importante incremento de financiación estatal, tal y como proponía como el Plan de Choque”, agregó.

Por lo que respecta a la teleasistencia, dicho Plan de Choque establecía que fuera un derecho subjetivo de toda persona con Grado de dependencia reconocido que viviera en su domicilio, si bien, según los cálculos de la asociación, sólo el 35,8% de las personas con Grado de dependencia reconocido que viven en su domicilio tenían teleasistencia al finalizar 2023.

Por su parte, 33,8 horas mensuales era la intensidad media de la ayuda a domicilio en 2023, con 57,9 horas para el Grado III, lo que representa un incremento de sólo 0,3 horas mensuales respecto al año anterior.

Asimismo, quienes cuidan a un familiar en situación de dependencia en su propio domicilio recibían 240,17 euros de media, una cuantía que asciende a 369,6 euros en el caso de los dependientes de Grado III.

A su vez, 575 euros de media es la cuantía de la prestación vinculada al servicio para una plaza residencial en el caso de los dependientes de Grado III, “menos de una tercera parte del coste real de estos servicios en la mayor parte de España”, según el dictamen.

A juicio de la asociación, la “complejidad” de los procedimientos desde que una persona solicita que se reconozca su situación de dependencia, que viene “denunciando de manera sistemática”, unida a la “falta de voluntad política” de “algunos” gobiernos autonómicos, que han “reducido” su aportación económica “haciendo caja” con el incremento de financiación estatal que supuso el Plan de Choque, “pueden explicar estos resultados tan limitados”.

En este sentido, puntualizó que, durante el pasado ejercicio, fueron nueve las comunidades autónomas que redujeron su aportación a la dependencia, con Cataluña a la cabeza, con una reducción de 57,3 millones de euros, seguida de Andalucía (51,6), Comunidad Valenciana (40,6), Comunidad de Madrid (15), Extremadura (11,0), Asturias (10,8), Cantabria (8,7), Castilla y León (7,4%) y Murcia (1).

La organización también quiso “destacar” uno de los “compromisos” del Plan de Choque que el Gobierno “ha cumplido”, al “posibilitar” que los asuntos judicializados en materia de dependencia “pasen al orden de lo Social. “Esto evitará los elevados costes y complejos y prolongados procedimientos de reclamación que actualmente tenían que tramitarse y resolverse por la vía contencioso-administrativa”, apostilló.

MÁS DATOS RELEVANTES

En cuanto a otros datos que considera “relevantes”, explicó que el coste directo de las prestaciones y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia en 2023 fue de 10.446 millones de euros, de los cuales 8.312 millones fueron asumidos por las Administraciones Públicas (79,6%) y los 2.134 restantes, por las personas usuarias a través del copago (20,4%)

El 39,6% del gasto público directo en dependencia en 2023 correspondió a la Administración General del Estado, el 39,6% del total, 6,3 puntos más que en 2022, mientras las comunidades autónomas aportaron en 60,4% y la tasa de retorno asciende al 41,2% del gasto en dependencia, vía impuestos o cotizaciones.

Según sus estimaciones, el 3,6% de la población española necesita apoyos de “mayor o menor intensidad” para desarrollar las actividades “básicas” de la vida diaria, 1.567.107 personas ya reconocida y 117.187, pendientes de valoración.

Por lo que se refiere al perfil del cuidador familiar, el 73% son mujeres, el 46,9% tienen entre 50 y 66 años; el 28,4%, de 16 a 49; el 17,7%, de 67 a 79; el 6,2%, de 80 a 89 y el 0,9% tiene 90 años o más. El 34,4% son hijos; el 24,3%, madres; el 20,1%, cónyuges; el 4,4%, hermanos; el 3,3%, padres; el 1,7%, yernos o nueras; el 1,8%, nietos; el 1,4%, compañeros y el 8,5%, otras personas.

En relación al convenio especial de cuidadores no profesionales, un total de 77.230 personas, el 88% de ellas mujeres, se encuentran dadas de alta en este convenio, sólo un 14,29% del total de personas cuidadoras. A finales de 2023, el Sistema de Atención a la Dependencia generaba 339.424 empleos directos sólo en atención directa y, por cada millón de euros de gasto público en dependencia, se generan 41 empleos directos.

Por último, la asociación lamentó que se “mantienen” las “enormes desigualdades” entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra “aprueban” la escala este año y la media estatal baja a 4,94.

Castilla y León y Castilla-La Mancha, ambas con 8,3 puntos, encabezan esta clasificación, mientras Cataluña y la Región de Murcia, ambas con 1,7 puntos, están a la cola.