Tal y como informó este miércoles la Policía Nacional, la investigación se inició el pasado mes de octubre a raíz del robo de un vehículo en el distrito madrileño de Latina, lo que llevó a los investigadores a descubrir que podría existir una red criminal "jerarquizada".

Así, corroboraron que dos de los principales miembros se encargaban de localizar y seleccionar los vehículos de interés, actuando tanto para la propia red como para otros grupos criminales que solicitaban modelos concretos. Para cometer los robos, los integrantes adoptaban numerosas medidas para dificultar su identificación, utilizando prendas como gorros, bragas de cuello y mascarillas. Además, empleaban dispositivos técnicos "altamente sofisticados" capaces de neutralizar los sistemas electrónicos de seguridad de los vehículos. Gracias a estas herramientas, lograban acceder y arrancar los turismos sin causar daños visibles, lo que dificultaba tanto su detección como su recuperación.

Una vez sustraídos, los coches eran equipados con matrículas falsas correspondientes a otros turismos de iguales características, con el objetivo de aparentar legalidad y evitar controles policiales. Posteriormente, eran trasladados a distintos puntos de la capital, donde permanecían durante al menos 24 horas para comprobar que no disponían de sistemas de geolocalización.

Tras esto, parte de los coches eran trasladados a municipios de la provincia de Toledo, donde eran desmontados en naves industriales y talleres clandestinos ubicados en zonas aisladas. Durante estos desplazamientos, los vehículos sustraídos circulaban acompañados por otros turismos que realizaban funciones de contravigilancia, controlando el entorno e incluso obstaculizando el tráfico para evitar posibles actuaciones policiales.

Una vez en su destino, los vehículos eran despiezados para su posterior venta por piezas, generando "importantes beneficios económicos ilícitos". Otra parte de los coches era vendida a otros grupos criminales para la comisión de otras actividades delictivas.

Finalmente, el pasado mes se realizó un dispositivo que culminó con la realización de registros en cuatro naves industriales de diferentes localidades de Toledo, donde se localizaron numerosos vehículos robados, así como una gran cantidad de piezas procedentes de su despiece. Como resultado, se detuvo a nueve personas que pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, falsedad documental, seguridad vial y dos homicidios imprudentes.

Se pudo constatar que la organización contaba con la existencia de vínculos familiares entre varios de ellos, lo que evidenciaba un "alto grado de cohesión interna". Hasta el momento, los investigadores atribuyen a este grupo la sustracción de al menos 40 vehículos valorados en más de 1.600.000 euros, de los cuales ocho ya han sido entregados a sus propietarios. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.