Así lo confirmó este miércoles la Policía Nacional en un comunicado, en el que detallan que investigación, llevada a cabo bajo la coordinación de la Oficina Europea de Policía (Europol) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) se inició en octubre de 2022 tras el hundimiento de una embarcación que transportaba migrantes desde Argelia a España y en el que desaparecieron 12 personas en aguas del Mediterráneo. A partir de las declaraciones tomadas a varios testigos y las pesquisas iniciadas, los investigadores pudieron confirmar la presencia en España de una organización criminal dirigida por un clan familiar asentado en Bélgica, que tenía su base de operaciones en suelo español.

Tal y como detallaron, la actividad criminal comenzaba con la captación de migrantes en Argelia a través de miembros de la organización encargados de ofrecer los servicios de transporte. Una vez abonadas las cantidades acordadas, los migrantes eran trasladados a viviendas de seguridad donde permanecían ocultos hasta que las condiciones marítimas y meteorológicas eran adecuadas para iniciar la travesía.

De manera paralela, la red asentada en España preparaba toda la infraestructura necesaria, teniendo disponibles embarcaciones, pilotos y combustible. Cuando las condiciones eran óptimas, los líderes de la organización daban la orden a la rama argelina para movilizar a los migrantes hacia puntos concretos de la costa argelina, donde se produciría el embarque.

Por su parte, los pilotos partían desde distintos puntos de la costa española y realizaban paradas previamente seleccionadas en otros puntos del litoral español para cargar el combustible necesario para el viaje, lo que se conoce como 'petaqueo', así como diversas sustancias estupefacientes provistas por un clan familiar asentado en Bélgica.

La organización contaba con una estructura trasnacional formada por dos ramas interdependientes y coordinadas, una establecida en Bélgica y otra en España. La rama constituía la sede del clan familiar que conformaba la cúpula de la red. Desde ese país se coordinaba el envío de drogas de síntesis y cocaína hacia el sur, utilizando vehículos modificados con compartimientos ocultos para su transporte por carretera

Por su parte, la rama española era responsable de gestionar la ruta marítima con Argelia, mantener las embarcaciones, coordinar a los pilotos, almacenar la droga en inmuebles utilizados como 'guarderías' y poner en marcha medidas de seguridad destinadas a evitar la detección policial. Entre estas destacaban el empleo de vehículos lanzadera, reconocimientos previos de las zonas de desembarco y sistemas de vigilancia destinados a proteger tanto los alijos de droga como la llegada de migrantes. Esta rama estaba dirigida por un investigado que actualmente se encuentra en prisión en España, impartiendo directrices a los miembros de la estructura criminal asentada en la provincia de Alicante.

La investigación también permitió a los agentes determinar la existencia de colaboradores en Argelia encargados de la captación de clientes, la recaudación de fondos y la preparación de las salidas marítimas. Asimismo, contaban con pilotos marroquíes especializados en la navegación de embarcaciones rápidas y con captadores asentados en Francia, país que constituía además uno de los principales destinos finales de muchos de los migrantes.

HASTA 10.000 EUROS POR VIAJE

Al mismo tiempo, la Policía detalla que el transporte de migrantes se cobraba en origen mediante el pago de cantidades que oscilaban entre los 8.000 y 10.000 euros por cada persona trasladada hasta España. Durante el periodo investigado, los agentes pudieron acreditar la introducción de al menos 400 migrantes, lo que habría reportado al entramado un beneficio cercano a los cuatro millones de euros, a los que habría añadir las cantidades obtenidas por el transporte de drogas sintéticas hasta Argelia, elevando el beneficio total hasta los ocho millones de euros.

Asimismo, la organización no dudaba en utilizar la violencia para mantener el orden entre sus miembros, llegando a utilizar armas de fuego en casos de ajustes de cuentas con otras organizaciones y evitar los llamados 'vuelcos' de droga, o robos entre organizaciones.

La fase de explotación de la investigación culminó con un operativo conjunto en España, Bélgica y Francia. Como resultado de la operación fueron detenidas 20 personas, 16 de ellas en España, de las que cuatro han ingresado en prisión provisional, y cuatro en Bélgica, de las que una ha ingresado en una prisión belga. Dos de los principales investigados contaban con Órdenes de Detención para Extradición solicitadas por Argelia por tráfico de drogas. Además, se practicaron once entradas y registros, ocho en la provincia de Alicante y tres en Bélgica.

Durante los registros, los agentes intervinieron dos embarcaciones rápidas utilizadas para el tráfico de personas y drogas, una con un motor de 300 caballos y otra con dos motores de 250 caballos. También se incautaron de un vehículo tipo 'pick-up' utilizado para botar las embarcaciones al agua, un motor fueraborda de 40 caballos, 27 petacas de combustible y abundante documentación relacionada con la adquisición de embarcaciones y motores.

Los agentes también localizaron dos armas de fuego en Bélgica, una de ellas sustraída, así como un arma simulada y un arma larga en España. Además, se intervinieron 1.179 gramos de MDMA en polvo, cinco básculas de precisión, 35 teléfonos móviles y 12.430 euros en efectivo.