El órgano cameral subraya que "el 90% de las empresas de telecomunicaciones y la Secretaría de Estado están ubicadas en la región de Madrid", y recuerda que esta comunidad recurrió el pasado 23 de marzo el traslado a Barcelona al considerar que la decisión estaba basada en "simples motivaciones políticas".

La Cámara de Comercio muestra su preocupación por las consecuencias negativas que puedan derivarse de este tipo de decisiones, no sólo porque pueden ser anuladas por los tribunales, sino por la imagen que transmite en el exterior y que, a su juicio, puede repercutir tanto en la economía de la región como en la del resto de España.