Así lo denunció este jueves la Federación de Consumidores y Usuarios CECU en un comunicado en el que advirtió sobre las prácticas “cada vez más frecuentes” que afectan a estos consumidores.

“Cuando se produce un cambio esencial como la modificación de fechas, lugar o grupos en cartel, se está produciendo una modificación sustancial de uno de los elementos fundamentales del contrato, por lo que la ley nos ampara a la hora de reclamar nuestro dinero y los gastos adicionales que nos haya podido ocasionar, como transporte o alojamiento”, señaló el equipo jurídico de CECU.

A este respecto, la federación defendió que esa situación pone de manifiesto la importancia de la “transparencia” en la venta de entradas y la necesidad de garantizar los derechos de las personas consumidoras ante cambios o cancelaciones de eventos.

Por otra parte, otro de los “principales motivos” de reclamación “frecuente” está en los gastos de gestión, que, según la federación, “en muchos casos pueden suponer hasta un 20% adicional sobre el precio base de la entrada”, citando como ejemplo el caso del artista Bad Bunny.

EMPRESAS DE TICKETING

En este contexto, CECU hizo hincapié, además, en el “problema” que supone que las empresas de ticketing empiecen a aplicar precios dinámicos a estos gastos de gestión, lo que, recordó, “en sí mismo es contrario a la supuesta propia naturaleza del coste”.

“Además, los cargos se aplican por cada entrada adquirida, sin relación a la prestación de un servicio real al consumidor, que es quien gestiona todo el proceso de compra”, abundó, al tiempo que indicó que a esto hay que sumarle que los costes por gastos de gestión “no aparecen en la publicidad del festival o concierto” y, por tanto, “no es conocido por las personas consumidoras hasta el momento en que se inicia el proceso de compra”.

La federación aseveró que esto es algo que resulta “contrario” a lo que establece la Ley de Consumidores y Usuarios, en la que se “exige que esta información debe aparecer en la publicidad”.

“El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya ha advertido de que estos costes solo son legales si se trata de servicios que efectivamente reciben los consumidores finales, no de servicios que se prestan a las empresas; o si estos se han indicado en la publicidad del evento”, apostilló.

RECLAMAR

Por último, explicó que, además, para un mismo evento o espectáculo, estos costes adicionales “no pueden variar en función del precio de la entrada, ni ser un porcentaje de este, salvo que se justifique por ofrecer servicios adicionales al consumidor. Tampoco pueden ser superiores a los costes adicionales que se apliquen al adquirir presencialmente la entrada”.

Por todo ello, instó a los consumidores a “revisar cuidadosamente” las condiciones de compra y a “reclamar ante cualquier irregularidad”.

“En caso de modificación sustancial del evento o gastos de gestión abusivos, se puede acudir a organismos de consumo o interponer reclamaciones a través de la propia promotora o empresa de ticketing”, sentenció.