En esta respuesta, el Gobierno habla de la "escasa incidencia" del conflicto en la actividad económica de las empresas españolas, que tan sólo en cinco casos dicidieron presentar reclamaciones a las autoridades francesas por daños y perjuicios.

Insiste además en recordar las gestiones del Ejecutivo español ante las autoridades francesas para impedir que se cerraran las fronteras, como ante las instacias europeas para que garantizaran el respeto a la libre circulación de bienes en todo el territorio comunitario.

Finalmente, la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que remitió al diputado la respuesta, insiste en el cambio de actitud de las autoridades francesas y en su actitud colaboradora a la hora de dar información sobre rutas alternativas y en el mantenimiento de pasillos internacionales a través de su territorio.