Así se expresó Fernández en su comparecencia anual en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, donde afirmó que “no estuvimos en ningún momento en un vacío normativo”. “El día del incidente había un PO 7.4 vigente en materia de control de tensión, de obligado cumplimiento, y que era conocido por los agentes y por el operador del sistema”, señaló Fernández, quien añadió que “se puede afirmar que el 28 de abril los mecanismos regulatorios y técnicos disponibles eran suficientes para gestionar adecuadamente el sistema”.

Además, aseguró que “la CNMC ha estado trabajando sobre este procedimiento operativo desde antes de recibir la propuesta de Red Eléctrica en 2020 hasta su publicación”, en junio de 2025, después del apagón.

En todo caso, aclaró que, durante este tiempo, la CNMC ha actuado “con una premisa básica en todo este proceso: que en todo momento el sistema dispone de los mecanismos necesarios para asegurar una gestión adecuada del sistema. Recursos suficientes que, no nos confundamos, son los mismos que ha tenido el sistema también durante los últimos meses, incluido desde el momento del incidente hasta hace unas semanas cuando se produjeron las primeras habilitaciones” y consignas del nuevo control de tensión”.

De hecho, explicó que “seguimos adaptando el marco normativo y regulatorio a la evolución tecnológica, a la transformación del sector y a las nuevas necesidades operativas del sistema eléctrico y continuaremos revisando los procedimientos de operación para adaptarlos a las necesidades del sistema, y en particular en relación con el control de tensión”.

En concreto, explicó que la CNMC trabaja semanalmente con el sector en un grupo específico y anunció que próximamente someterá a consulta pública nuevas modificaciones para seguir evolucionando el marco normativo.

A este respecto, recordó que el informe de recomendaciones y propuestas de la CNMC sobre el apagón pone de manifiesto la conveniencia de seguir adaptando los marcos técnicos, operativos y normativos a un sistema eléctrico en continua transformación.

En cuanto a la investigación abierta por la CNMC en el ámbito de sus competencias,, indicó que la apertura de una veintena de expedientes responde a que ha detectado diversos indicios de incumplimiento, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas.

Sobre el hecho de que estos expedientes se abren un año después del cero peninsular, defendió que “son el resultado de un trabajo previo extenso y necesario para poder analizar con rigor lo ocurrido” y reveló que “este proceso ha requerido examinar más de 13 gigas de información y miles de folios de documentación”.

En todo caso, reiteró que “el incidente respondió a un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión”;

Por último, señaló que ahora se abre una fase administrativa de instrucción, en la que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que estimen oportunas antes de que sean resueltos por el Consejo de la CNMC o por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.