En declaraciones desde el viaducto de la calle Bailén, Carabante señaló que el Ayuntamiento trabaja con la Comunidad de Madrid en la cuestión de los aforos. Indicó que se ha analizado la posibilidad de "adecuar los aforos urbanísticos a los aforos de seguridad".

El delegado argumentó que "las condiciones y la tecnología ha cambiado", lo que permitiría a los locales más antiguos con una licencia de aforo determinada "la posibilidad de incrementarlo por motivos de seguridad". Sin embargo, precisó que "ahora mismo no es posible hacerlo en la ciudad de Madrid" debido a la normativa actual, ya que los aforos "están contemplados en las licencias y por tanto son de obligado cumplimiento".

Carabante afirmó que, aunque existan "obras de mejora que pudieran mejorar desde el punto de vista de la seguridad esos aforos", la modificación debe estar "contemplado en una ley superior". Por ello, el Ayuntamiento y la comunidad de Madrid, junto con la asociación de hostelería, estudian que "en esa ley de espectáculos públicos se pudiera modificar y adecuar a las condiciones actuales y a la realidad actual de la seguridad esos aforos urbanísticos".

Las declaraciones de Carabante llegan además tras un comunicado de la Plataforma del Ocio que representa a los locales de ocio en Madrid, en el que reclamaban que la Lepar aporte seguridad jurídica a las Pymes y fije “criterios objetivos de seguridad” en los aforos.

“Teniendo en cuenta que llevamos décadas sufriendo la crisis de los aforos en la ciudad de Madrid a consecuencia de la aplicación arbitraria del cálculo de los aforos al margen de los criterios de seguridad, lo primero que tiene que perseguir la Ley de Espectáculos es aportar seguridad jurídica a las pymes y a las empresas del turismo, de la cultura, de la hostelería y del ocio que trabajan 365 días al año de forma reglada, creando puestos de trabajo y actividad económica, comprometidas con la seguridad, la convivencia ciudadana y con las buenas prácticas profesionales”, señalaba el comunicado. Finalmente, pedían también que el régimen sancionador que recoja la ley “evite la acumulación de situaciones injustas” como las que “se han venido viviendo durante los últimos años”.