Así lo indicó la presidenta de Plena inclusión España, Carme Laucirica, en una entrevista concedida a Servimedia, tras su reciente reelección al frente de la entidad, en la que advirtió de que “no debería importar dónde viva la persona para tener todos los recursos que necesita” y subrayó que “no es lo mismo nacer en una isla menor del archipiélago canario que nacer en una gran ciudad”.

La presidenta de la confederación sostuvo que uno de los principales desafíos sigue siendo lograr que los derechos reconocidos a las personas con discapacidad se traduzcan en apoyos reales y efectivos con independencia del territorio en el que vivan. “Tenemos que conseguir que estés donde estés esos mínimos irrenunciables estén siempre cubiertos”, afirmó.

A su juicio, la inclusión plena pasa por garantizar que cualquier persona con discapacidad intelectual y del desarrollo disponga de los apoyos necesarios para desarrollar un proyecto de vida digno. Entre ellos citó figuras como el asistente personal o el facilitador procesal, recursos que, según denunció, todavía “no están suficientemente implantados ni consolidados en toda España”.

Laucirica defendió que las políticas públicas deben construirse desde la realidad concreta de cada persona y no desde categorías generales. “Tenemos que pensar en una persona, no en una etiqueta, y en un momento vital concreto”, afirmó, antes de recordar que las necesidades cambian a lo largo de la vida y requieren respuestas diferentes.

En este sentido, explicó que las preocupaciones de una familia con un hijo pequeño con discapacidad son distintas a las de una familia que afronta la etapa educativa o la transición a la vida adulta. Por ello, reclamó una atención más personalizada que tenga en cuenta las circunstancias individuales y familiares.

Entre las prioridades identificadas por la presidenta de Plena inclusión España figura la mejora de la atención temprana. Según señaló, las familias con niños pequeños necesitan servicios especializados que permitan actuar desde los primeros años de vida y faciliten tanto el desarrollo del menor como el acompañamiento familiar.

Asimismo, insistió en que la educación inclusiva continúa siendo “una de las grandes asignaturas pendientes”. Aunque reconoció los avances normativos registrados en los últimos años, consideró que todavía existe una importante distancia entre el reconocimiento legal de derechos y su aplicación efectiva en las aulas.

“No nos vale solo con que haya una ley”, afirmó. En su opinión, el reto pasa por garantizar una educación inclusiva de calidad que permita a los alumnos con discapacidad participar plenamente en los entornos educativos ordinarios y recibir los apoyos necesarios para desarrollar todo su potencial.

La presidenta de la organización recordó además que las dificultades asociadas a la discapacidad no afectan únicamente a la persona, sino también a su entorno familiar. Por ello, reclamó políticas que tengan en cuenta las necesidades de padres, madres y cuidadores, especialmente en ámbitos como la conciliación, el empleo o la vivienda.

DAR VOZ A LAS PERSONAS

Laucirica destacó como uno de los principales logros de los últimos cuatro años el fortalecimiento de la participación directa de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo dentro del movimiento asociativo.

Según explicó, uno de los avances más significativos ha sido la consolidación de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, cuya actividad ha contribuido a que las propias personas afectadas tengan una presencia cada vez mayor en la toma de decisiones.

Este proceso culminó con la modificación de los estatutos de Plena inclusión España, que pasó de definirse exclusivamente como una organización de familias a reconocerse formalmente como una entidad de “personas y familias”.

“Para mí este cambio de mirada es uno de los hitos más importantes”, afirmó. A su juicio, supone un avance en términos de justicia y participación, ya que permite que las personas con discapacidad sean protagonistas de las decisiones que afectan a sus vidas.

Laucirica destacó que la evolución registrada en los últimos años ha hecho que las personas con discapacidad intelectual estén cada vez más formadas, informadas y dispuestas a reclamar sus derechos. “Las personas se sienten escuchadas y sienten que son protagonistas”, aseguró.

CAMBIO DE DEMANDAS

La presidenta de Plena inclusión España comentó que han cambiado las demandas que trasladan las familias a la organización. Si hace años las reivindicaciones estaban centradas en la obtención de servicios básicos, ahora las familias exigen fundamentalmente igualdad de oportunidades y garantía de derechos.

Según explicó, entre las principales preocupaciones actuales figuran el acceso a la vivienda, el empleo, los apoyos especializados, la vida independiente y el elevado coste económico que supone en muchos casos la discapacidad.

“La igualdad de oportunidades no puede depender de la capacidad económica de una familia”, advirtió. A su juicio, sigue existiendo una situación de injusticia cuando el acceso a determinados recursos depende de los ingresos familiares o del territorio de residencia.

También alertó de que muchas familias siguen soportando una carga económica y de cuidados que debería estar mejor respaldada por las administraciones públicas. En este sentido, defendió la necesidad de reforzar los sistemas de apoyo para evitar que las oportunidades de una persona con discapacidad estén condicionadas por su contexto social o económico.

Laucirica reclamó además una mayor estabilidad en las políticas relacionadas con discapacidad y pidió que los derechos de este colectivo “queden al margen de los cambios políticos y de las negociaciones partidistas”.

“Todo aquello que tiene que ver con los derechos de las personas no debería estar sometido a intercambios políticos”, afirmó. Por ello, defendió la necesidad de alcanzar consensos amplios que permitan “consolidar los avances logrados y garantizar la continuidad de las medidas de apoyo”.

Entre las cuestiones pendientes citó la aprobación definitiva de la reforma de la legislación sobre discapacidad y dependencia, el impulso de una ley estatal de familias y el desarrollo efectivo de un sistema educativo inclusivo.

La presidenta de Plena inclusión España sostuvo que las administraciones públicas tienen la obligación de “garantizar los derechos de todos los ciudadanos” y prestar una atención especial a aquellos colectivos que requieren más apoyos.

“Las administraciones tienen que velar por todos los ciudadanos en función de la situación de cada uno”, señaló, antes de reclamar una actuación “más ágil” para evitar que reformas consideradas esenciales acumulen años de retraso.

ABRIRSE A LA SOCIEDAD

Respecto al futuro de la organización, Laucirica explicó que uno de los grandes objetivos estratégicos sigue siendo profundizar en la apertura de Plena inclusión España hacia la comunidad y hacia otros movimientos sociales.

Según recordó, durante los últimos años la confederación ha impulsado una estrategia de colaboración con organizaciones de distintos ámbitos y ha reforzado los intercambios internacionales de conocimiento y buenas prácticas. Como ejemplo, destacó la reciente incorporación de entidades de México y Argentina al espacio de colaboración impulsado por la organización.

La presidenta defendió que el conocimiento debe construirse de manera colectiva y que la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad requiere alianzas amplias con otros sectores de la sociedad.

De cara a este nuevo mandato, que se extenderá hasta 2030, aseguró que trabajará para consolidar un modelo basado en los derechos humanos, la accesibilidad, la vida en comunidad y los apoyos personalizados.

“Me gustaría que consiguiéramos visualizar a las personas como personas y olvidarnos de las etiquetas”, concluyó. “Y que las familias se sintieran menos solas porque cuentan con unas políticas públicas que realmente les permiten ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”.