En su proposición, la diputada socialista expone que los beneficios derivados de esa ley, [que reconocía los derechos y servicios prestados por el personal militar durante la República] "no se han aplicado a determinados colectivos que han quedado excluidos del reconocimiento de los mismos, entre los que se encuentran las enfermeras republicanas que, por ser personal civil, no fueron incluidas en la instrucción de 14 de diciembre de 1993 de l Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía".

Añade que posteriormente a esa instrucción, el Ministerio de Defensa emitió un informe en septiembre de 1994 en el que confirmó las asimilaciones militares que la Dirección General de Sanidad de Guerra estableció en el decreto 149 de 9 de diciembre de 1938.

No obstante, señala que el desarrollo de esta Instrucción no ha dado satisfacción a una serie de expedientes que esperan su resolución.