El 20 de septiembre de 1900, "La Gaceta de Madrid" publicaba un real decreto que exigía a los escasos automovilistas y automóviles que existían en el país una serie de documentos para circular por las carreteras de España.

Un artículo del decreto establecía que "nadie podrá conducir un automóvl por las carreteras si no posee un permiso expedido por el gobernador de la provincia en que tenga su domicilio. Con tal objeto, dicha autoridad comisionará a la persona o personas facultativas que estime oportunas, a fin de que examinen los antecedentes o documentos relativos a la aptitud del interesado, haciéndole las preguntas y sometiéndole a las pruebas que considere oportunas".

En aquellos tiempos, la velocidad máxima permitida era de 28 Km/hora en terreno llano y despoblado y de 12 Km/hora en ravesías. Las multas podían llegar hasta las cinco pesetas en casos graves, y las mujeres necesitaban, para obtener el permiso de conducir, autorización paterna o del marido.