En un comunicado conjunto, estas tres patronales alertan que sin medidas correctoras y sin una planificación más paulatina, la implantación inmediata de VeriFactu puede poner en riesgo la viabilidad de miles de establecimientos.

De hecho, admiten que las microempresas y pymes de estos sectores no están todavía en condiciones de afrontar con garantías la entrada en vigor de VeriFactu y que su aplicación inmediata podría tener consecuencias muy negativas para su continuidad. Entre los varios obstáculos para la adaptación, se refieren a la carencia de conocimiento técnico y legal, los elevados costes de software y de hardware y la falta de soporte y ayudas.

Además de la moratoria general mínima de dos años, que permita una adaptación progresiva y ordenada del comercio de proximidad, demandan exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años.

También demandan flexibilidad para colectivos vulnerables, con posibilidad de prórrogas o ayudas específicas para establecimientos con baja capacidad tecnológica o económica, y deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para hacer más atractivo el cambio, y recompensar a los que se adhieren antes y también ayudar a paliar parcialmente la inversión. “Esta propuesta busca garantizar que nadie quede atrás y que la aplicación de VeriFactu sea compatible con la supervivencia de los sectores que representamos”, concluyen.

Por último, piden un plan de choque específico que ayude a las empresas artesanas y tradicionales a realizar la transición hacia la facturación electrónica de manera ordenada y realista, que debería ser fruto de la colaboración con el Gobierno en el ámbito del apoyo económico, apoyo técnico y soporte formativo.