Así se desprende del informe en el que está trabajando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), y que persigue conocer en profundidad la situación de los inquilinos en el mercado de la vivienda español.

Según los datos recabados por el Ministerio de Pablo Bustinduy, la brecha entre los caseros y los inquilinos es actualmente de 23.638 euros, al tener los arrendadores una renta mediana de 52.449 euros, por los 28.810 euros que tienen los inquilinos. En algunas comunidades autónomas esa desigualdad es todavía mayor, llegando a ser la renta de los caseros el doble que la de los inquilinos. Ese es el caso de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias.

Según el análisis en el que trabaja Consumo, a partir de los datos del Panel de Hogares 2022 (IEF, AEAT, INE) sobre la firma de contratos en 2021 y 2022 que expirarían cinco años después y el aumento de los precios del alquiler en este periodo reflejados en los informes de precios del portal Idealista, de renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de estos caseros hasta los 54.665 euros. En este cálculo no estarían incluidos los datos de País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral, así como los relativos a Cataluña por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población.

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

Tras el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a su intención de aprobar un real decreto ley para bonificar el 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos en su próxima renovación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya mostró el lunes su rechazo.

Bustinduy afirmó que "la prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros, tiene que ser un derecho de los inquilinos e inquilinas", y calificó la bonificación planteada por el jefe del Ejecutivo de "injusta" e "ineficaz".

En este mismo sentido, fuentes de Sumar insistieron en rechazar los incentivos fiscales y reivindicaron la propuesta presentada hace varios meses por la formación, que establece una renovación automática de los contratos de alquiler que finalizan en los próximos meses con la única subida del IPC.

De este modo, los alrededor de 630.000 contratos de alquiler que estarían pendientes de renovación este año 2026 -según los datos recopilados por Consumo-, se verían beneficiados por la medida.

El borrador de real decreto ley presentado por Sumar hace tres meses ponía el acento en la necesidad de proteger a las familias e incluía medidas como la prohibición de la compra especulativa de viviendas en zonas tensionadas, un nuevo impuesto disuasorio para los propietarios de 4 o más viviendas, y la prórroga de todos los alquileres.

Así, según los datos que maneja el Ministerio, de aprobarse esa prórroga de los alquileres con una subida única del IPC, 1,6 millones de personas podrían verse beneficiadas.

Desde Sumar señalaron, además, que esta renovación automática de los alquileres ya fue aplicada por el Gobierno durante la pandemia y "no perjudicaría a nadie, salvo a quienes pretendan utilizar la renovación de un contrato de alquiler para subir un 40% el precio de las casas donde vive la gente".

La subida media de los alquileres en los últimos cinco años ha superado el 34%, unos datos que para Sumar "muestran la necesidad de una intervención urgente del mercado de la vivienda y del alquiler que garantice el derecho a la vivienda de las personas inquilinas y no una medida opcional a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros, no", insistieron desde la formación.