Según informaron este lunes fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta cifra es provisional porque está pendiente de filtrado. Todas las solicitudes que se han presentado correctamente, cumpliendo con los requisitos y no están pendientes de ningún trámite más, están recibiendo la autorización correspondiente a su admisión a trámite.

Migraciones insistió en que el proceso “se está desarrollando con total normalidad” y, tras una revisión caso por caso, el Gobierno está remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España. Este proceso está ya en su recta final, ya que hasta el próximo 30 de junio pueden presentarse solicitudes.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) estimó también este lunes que en torno a 300.000 solicitudes ya se han admitido a trámite, según explicó la directora general de CEAR, Mónica López, ante los medios de comunicación en la presentación del XXIV Informe Anual de CEAR 'Las personas refugiadas en España y Europa’ en Madrid.

Además, López advirtió de que existen “retrasos en los trámites” de la regularización y que “no se cumplen los 15 días que se dijeron al principio” para la tramitación (admisión o denegación) de expedientes, además de persistir “dificultades de acceso a citas o para reunir documentación”, entre otras cosas.

CEAR cree que todas las solicitudes presentadas deberán resolverse, aunque el volumen supere las previsiones iniciales y avisó de que, si no se llega a todas las personas o solicitudes, habría que flexibilizar plazos o medidas del proceso.

Asimismo, la directora general de CEAR planteó la necesidad de cambios estructurales en la normativa actual para que la ley incluyese “alguna vía” para que los migrantes irregulares o denegados de asilo “no estén en situación irregular” hasta acceder a figuras como el arraigo.

El objetivo de su propuesta es “evitar estas bolsas de personas” sin derechos ni regularización que se deben esperar a procesos de regularización como el actual. CEAR señaló también que los solicitantes viven el proceso con “angustia e impaciencia”, porque la regularización supone acceso a trabajo y derechos básicos.

Al mismo tiempo, López valoró que la regularización se trata de “un proceso con consenso, necesario y un acierto”. Sin embargo, subrayó que es una medida excepcional que no debería repetirse: “vemos que es un proceso extraordinario y no debería serlo”.